El Reino Unido da otra vuelta de tuerca en el eterno forcejeo del Gobierno de Johnson en torno al Brexit que firmó, pero cuyas consecuencias nunca termina de aceptar. La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, que lleva las riendas de las negociaciones con Bruselas, ha anunciado finalmente este martes, de modo oficial, ante la Cámara de los Comunes, su voluntad de impulsar nueva legislación que sirva para alterar de modo unilateral el controvertido Protocolo de Irlanda del Norte, que gestiona el encaje de esta región británica en las nuevas relaciones comerciales de Londres y Bruselas, una vez culminada la salida del club comunitario del Reino Unido. “Seguimos abiertos a una situación negociada [con la UE], pero la urgencia de la situación no permite perder más tiempo”, ha anunciado Truss. Aferrada al argumento de que el protocolo ha sometido a tensiones y estrés lo alcanzado en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que llevó la paz a la región y estableció el equilibrio de Gobierno entre protestantes y católicos, la ministra ha dicho que, “en las próximas semanas” tendrá lista la nueva ley. “No pretendemos eliminar el protocolo. Reforzaremos aquellas partes que funcionan y modificaremos las que no, pero mantendremos una negociación paralela con nuestros socios de la UE”, ha afirmado. Truss ha asegurado que el Gobierno no incumple la legalidad internacional con esta medida, una afirmación que ha provocado risas espontáneas en los banquillos de la oposición laborista. La ministra acusaba a la UE, y sin referise a él, a su negociador, Maros Sefcovic, de no disponer ahora mismo de un mandato negociador que permita reformar el protocolo, e incluso de pretender dar marcha atrás en parte de los cambios negociados en los últimos meses.
Stephen Doughty, el portavoz de Exteriores laborista, ha pedido seriedad y esfuerzo diplomático al Gobierno de Johnson, y flexibilidad a la UE, pero ha expresado su preocupación por el anuncio de Truss de cambiar unilateralmente un tratado internacional. “El Reino Unido debe preservar su palabra. El mundo nos observa y duda si hacer o no tratos con nosotros”, ha dicho Doughty.
El negociador comunitairio, Maros Sefcovic, ha advertido en un comunicado que la decisión de Truss suponía una “seria preocupación”, y que modificar unilateralmente un acuerdo internacional no resulta “aceptable”.
“Si el Reino Unido decide seguir adelante con la ley que ha anunciado, que remueve elementos constitutivos del protocolo, la UE deberá responder con todas las medidas a su alcance”, ha dicho. Un modo sutil de sugerir que la posibilidad de emprender accciones legales contra el Reino Unido está sobre la mesa.
El anuncio de Truss confirma oficialmente, en sede parlamentaria, la voluntad del Gobierno de Johnson de plantear a la UE un nuevo duelo de fuerza en torno al Protocolo de Irlanda del Norte. Ni siquiera ha presentado un borrador de ley, y el supuesto trámite parlamentario del proyecto no comenzará, según fuentes de Downing Street, hasta inicios de verano. El propósito es simple, pero su diseño y ejecución pueden acabar teniendo un efecto bumerán. Johnson explicó este lunes, durante su visita relámpago a Belfast, que la nueva ley pretendía simplemente actuar como “un seguro”, ante el caso de que la inestabilidad política que sufre ahora la región se agravara. Pretendía transmitir tranquilidad a todos los partidos políticos norirlandeses. Logró lo contrario. Los unionistas del DUP, que han anunciado su propósito de seguir bloqueando la formación del nuevo Gobierno autónomo hasta que no se revoquen efectivamente partes sustanciales del protocolo, se olieron la trampa. Su líder, Jeffrey Donaldson, exigió que la nueva ley no fuera simplemente anunciada, sino tramitada y aprobada. La líder de los republicanos del Sinn Féin, Michelle O’Neill, quien debería ocupar el puesto de ministro principal de Irlanda del Norte después de su histórica victoria en las recientes elecciones autonómicas, ha reprochado a Johnson una actitud “temeraria” que estaba poniendo en riesgo la estabilidad del territorio.
“No queremos trocear el protocolo, pero creemos que puede ser reparado y mejorado”, aseguraba en Belfast el primer ministro británico. “Y nos gustaría poder hacer esto de mutuo acuerdo con nuestros socios y amigos”, añadía. La idea de desembocar en una guerra comercial con la UE incomoda enormemente a Johnson, según han explicado desde el anonimato muchos de sus asesores a los medios británicos. En medio de la crisis de Ucrania, con una inflación galopante de la que alarmó este mismo lunes el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en términos apocalípticos, y con unas encuestas que revelan cómo su popularidad sigue por los suelos, el primer ministro británico no tiene apetito para abrir un nuevo frente. Pero la presión procedente de sus socios naturales en Irlanda del Norte, las fuerzas unionistas, y del sector más euroescéptico del Partido Conservador, le empujan de nuevo al escenario en el que más cómodo se encuentra, el del enfrentamiento con Bruselas.
Desde un punto de vista técnico, hay aspectos del protocolo sobre los que los negociadores de ambas partes podrían trabajar. Tanto Bruselas como Londres son conscientes de que la aplicación del protocolo ha provocado fricciones comerciales y aduaneras imprevistas que han complicado la vida de empresas y ciudadanos. El acuerdo obligó a Irlanda del Norte a permanecer en el Mercado Interior de la UE, por lo que los productos que viajan desde Gran Bretaña a ese territorio deben ser sometidos a controles aduaneros y sanitarios. La “guerra de la salchichas” que enfrentó a ambas partes el año pasado tenía que ver con eso: las grandes cadenas de supermercados británicas habían frenado el envío de sus productos a sus establecimientos norirlandeses.
Downing Street propone establecer un “pasillo verde” para las mercancías procedentes de Gran Bretaña que permanecerían en territorio norirlandés y no darían el salto a la República de Irlanda (territorio UE). Para esos productos, se suprimirían los controles. Y un “pasillo rojo” para el resto de envíos. Downing Street quiere que los estándares de calidad impuestos en la zona sean los británicos, y no los de la UE. Y pretende más flexibilidad impositiva, de modo que cualquier modificación en su VAT (impuesto al valor añadido, en sus siglas en inglés) se traslade al IVA impuesto en Irlanda del Norte. Asegura el Gobierno británico que está dispuesto a aportar mejores datos informáticos de sus intercambios comerciales, para que Bruselas tenga un mayor control. Y reclama que el Tribunal de Justicia de la UE no sea el organismo supervisor de las reglas del mercado comunitario en Irlanda del Norte, sino que se aplique un mecanismo de arbitraje similar al que se estableció en el Tratado Comercial y de Cooperación que firmaron Londres y Bruselas para evitar un Brexit duro.
La UE podría contemplar algunas de estas propuestas, aunque otras le resultan completamente contrarias al espíritu del protocolo. Y sobre todo, recela de la verdadera voluntad y honestidad del Gobierno de Johnson, que ha demostrado en más de una ocasión su intención de usar las batallas con Bruselas más como propaganda en su debate político nacional que como tácticas negociadoras. Pero sobre todo, la idea de aprobar una ley en su Parlamento nacional para elegir o descartar las partes que le convienen del Protocolo de Irlanda es interpretada en Bruselas como una quiebra insoportable de la legalidad y los compromisos internacionales.
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