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Agentes del FBI han irrumpido este miércoles en la vivienda de una periodista de The Washington Post en busca de supuesto material clasificado filtrado por un funcionario del Gobierno de Estados Unidos, según ha publicado el influyente medio estadounidense.
Los agentes se presentaron en la casa de la periodista Hannah Natanson, que acostumbra a cubrir temas relacionados con las condiciones laborales de los funcionarios del Gobierno federal de Estados Unidos, mientras ella se encontraba en su vivienda, situada en el Estado de Virginia, a poco más de media hora en coche de Washington.
Los investigadores del FBI han registrado la vivienda y han incautado el teléfono móvil de Natanson, dos ordenadores portátiles y un reloj Garmin. Han explicado a la periodista que no la investigaban a ella, sino a un funcionario llamado Aurelio Pérez-Lugones, que trabaja como informático en una oficina federal de Maryland. Como responsable de sistemas informáticos, este trabajador tenía una autorización de seguridad de alto secreto. Se le acusa de llevarse a casa informes clasificados. En una declaración jurada del FBI, los agentes aseguran que encontraron el material secreto en su fiambrera de comida y en el sótano de su vivienda.
El allanamiento de los agentes federales para registrar las casas de trabajadores de medios de comunicación es sumamente extraño en informacion.center, donde hasta ahora la Administración solía respetar el trabajo de los periodistas. Sí es más habitual que los agentes federales investiguen filtraciones que afecten a la Casa Blanca, sobre todo durante los gobiernos de Trump, aunque sin llegar a entrar en las viviendas de los periodistas.
Natanson se ha especializado en cubrir los despidos masivos emprendidos por la Administración de Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca para su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos ha marcado la reducción del Gobierno federal como una de sus prioridades. Nombró a Elon Musk como responsable del departamento de recortes, bautizado de forma eufemística como DOGE (acrónimo en inglés de Departamento de Eficiencia gubernamental). Durante el año pasado, la plantilla pública del Gobierno federal se redujo en algo más de 277.000 funcionarios, según datos de la oficina estadística laboral.
La periodista publicó en diciembre un artículo en primera persona en el que contaba su trabajo cubriendo los despidos masivos de la Administración federal. Relató cómo abrió una cuenta en una red social pidiendo testimonios de funcionarios que fueran presionados o directamente despedidos. Contó que recibió una avalancha de comentarios de trabajadores públicos criticando las tensiones en sus departamentos amenazados con cierres, el empeoramiento de sus condiciones laborales por la reducción de efectivos y las presiones para despedir a trabajadores federales.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, [equivalente a ministra de Justicia], ordenó anular una norma que impedía a los investigadores federales acceder a los registros telefónicos de periodistas para tratar de identificar a una fuente gubernamental que hubiera filtrado información confidencial.
Para justificar el cambio de política, Bondi escribió en un memorando que “no tolerará divulgaciones no autorizadas que socaven las políticas del presidente Trump, victimicen a las agencias gubernamentales y causen daño al pueblo estadounidense”.
Las presiones sobre los periodistas han aumentado bajo los Gobiernos de Donald Trump. Desde su primer mandato se ha quejado sobre las filtraciones y ha amenazado a los medios con demandarlos, a pesar de que el presidente se enfrentó a una acusación penal por malversación de información clasificada. Tras abandonar la Casa Blanca al perder las elecciones de 2020 contra Joe Biden, agentes del FBI encontraron material clasificado que no debía tener en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Los archivos secretos estaban apilados en uno de los cuartos de baño y en otras estancias de la villa. Sin embargo, el caso fue desestimado.
The New York Times recuerda como durante los últimos días de su primer mandato, el Departamento de Justicia ordenó registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas de los principales periódicos estadounidenses para investigar filtraciones.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
