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El Gobierno de Estados Unidos ha dado un golpe sustantivo en su cruzada contra la narcopolítica de México con la captura de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, que se entregaron voluntariamente a las autoridades del país norteamericano esta semana. Ambos son parte de la explosiva acusación de Washington contra el gobernador de Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum exige pruebas una y otra vez a Washington para determinar si es procedente la captura y extradición de Rocha y los otros nueve señalados, como ha requerido EE UU, la Administración de Donald Trump sigue paralelamente su jugada en Sinaloa y ha superado las resistencias de México. La cuna del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán podría ser el punto donde comience a destejerse la madeja de la política corrupta de la que se ha servido el narco por años.
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