En una década marcada por la creciente violencia y el narcotráfico, la reciente designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos representa un giro significativo en la percepción de estos grupos. El secretario de Estado, Marco Rubio, firmó esta designación en Washington, resaltando que ya no son vistos como meras redes de narcotráfico, sino como amenazas directas a la seguridad nacional estadounidense.
El Cártel de Juárez, con raíces que se remontan a los años setenta, ha sido uno de los principales actores en el tráfico de drogas y la extorsión en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Desde 2014, bajo el liderazgo de Juan Pablo Ledezma, este cártel ha mantenido vínculos con otros grupos, como Los Chapitos, fortaleciendo su red criminal en un territorio extremadamente sensible.
Por otra parte, Los Viagras emergieron de las autodefensas en Michoacán, quienes en 2013 se opusieron a Los Caballeros Templarios. Con la disolución de estos grupos de autodefensa, los hermanos Sierra Santana tomaron el control del territorio y se han dedicado a extorsionar a productores de aguacate y limón, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con esta nueva designación, el número de organizaciones terroristas extranjeras en la lista de Estados Unidos asciende a diez. El gobierno estadounidense ahora tiene la autoridad para perseguir apoyo material, bloquear cuentas y llevar a cabo investigaciones contra aquellas entidades que, por temor o conveniencia, colaboren con estos cárteles. Este cambio llegó solo tres días después de que el jefe de la DEA, Terrence Cole, afirmara que cárteles y gobierno mexicano son prácticamente lo mismo.
Se puede especular que esta acción también responde a cálculos políticos dentro de Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que las encuestas reflejan un descontento creciente con la guerra en Irán y la inflación, afectando las posibilidades de los republicanos en las próximas elecciones. Mostrar resultados al abordar el narcotráfico puede servir como un frente adicional para ganar apoyo político.
Sin embargo, la realidad es innegable. El sistema de justicia mexicano enfrenta una crisis de eficacia. No se trata de una falta de leyes, sino de una carencia de fiscales, peritos y jueces que tengan la capacidad de operar sin temor a represalias. La situación se complica aún más en un entorno donde se desconoce el paradero de 59,582 detenidos desde octubre de 2024. Sin cifras claras sobre su estado, persiste una opacidad que afecta tanto a la justicia como a la seguridad pública.
El gobierno mexicano tiene la opción de argumentar que la seguridad en su territorio se define dentro de sus fronteras y que el uso del término terrorismo por parte de Estados Unidos podría ser un pretexto para el intervencionismo. No obstante, este argumento pierde peso en un país donde los cárteles imponen su propia “ley” y los funcionarios públicos operan bajo amenazas.
Mientras la administración estadounidense toma esta ruta, México se encuentra en una encrucijada. A pesar de que su gobierno pueda rechazar la etiqueta de terroristas para los cárteles, la decisión de Washington está clara: si México no logra contener a estas organizaciones, habrá consecuencias directas y severas. Este es un momento crítico que redefine las dinámicas de poder y responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en la región.
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