Dos abogados que defendieron a Pinochet aterrizan en el Gabinete de Kast

Dos de los 24 ministros anunciados este martes por el presidente electo José Antonio Kast para integrar su Gabinete a partir del 11 de marzo son abogados que defendieron a Augusto Pinochet durante su arresto en Londres desde octubre de 1998 a marzo de 2000 y en otras causas. Uno de ellos es Fernando Barros, de 68 años, figura clave en el mundo jurídico y empresarial, que asume la cartera de Defensa, mientras que el segundo, Fernando Rabat, de 54 años, liderará el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ha provocado el rechazo categórico de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura (1973-1990). Kast es el primer mandatario en democracia que ha respaldado al régimen militar, aunque a diferencia de sus campañas anteriores, en su tercer intento por llegar a La Moneda evitó referirse al tema. La posibilidad de que durante su mandato indulte a violadores de derechos humanos, que quite las ayudas a la mantención de los memoriales y que se deje de buscar a los detenidos desaparecidos, es parte de lo que preocupa a la futura oposición.

El futuro ministro de Defensa, el abogado Fernando Barros Tocornal, cumple al dedillo con el perfil técnico-empresarial del Gabinete de Kast. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde egresó con máxima distinción, y se especializó en materia tributaria en Harvard y en la London School of Economics. El padre de 13 hijos es un católico conservador y no milita en ningún partido, aunque sus vínculos más estrechos son con personalidades de la derecha tradicional. Fue abogado del expresidente Sebastián Piñera durante 30 años y fue el responsable legal de los dos fideicomiso ciego que permitieron a Piñera asumir la Presidencia en 2010. Actualmente forma parte de la sociedad Inversiones Odisea, que administra el patrimonio de la familia Piñera Morel.

En 1988 fundó junto a José Tomás Errázuriz Grez el estudio Barros & Errázuriz, el segundo estudio de abogados más grande de Chile, según el ránking de Legal500. Una década después de que armara su propio bufete, donde lidera el área tributaria, se encontraba de año sabático en Londres cuando detuvieron a Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón y se unió al equipo de trabajo por su liberación. Barros lo ha descrito como “quizá el caso más complejo de mi vida”.

En un relato a La Tercera sobre aquellos días, describe a “Don Augusto” como un “octogenario, frágil y enfermo”. “El caso pasó de ser un problema de un gobernante militar latinoamericano, atacado solo como la izquierda sabe hacerlo, a una materia de relevancia diplomática y política respecto de la que tomaba fuerza que se trataba de una persecución ideológica y no un tema de justicia”, escribió en 2020. También recordó cómo organizaron la visita de Margaret Tatcher a la casa donde Pinochet se encontraba recluido: “La exprimera ministra británica llegaba a visitar al caído, denunciaba al mundo que el apresado era un luchador de la Guerra Fría, que había derrotado al socialismo que ahora buscaba su venganza”. Pinochet logró regresar a Chile luego de 503 días detenido, luego de intensas gestiones del Gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Tiene una vasta trayectoria como director de grandes empresas. Fue presidente y vicepresidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y tuvo unos años una participación en el mundo académico. Actualmente forma parte del directorio de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), es director de levaduras Collico S.A y preside el directorio de Oxiquim S.A., una empresa química ubicada en Quintero-Puchuncaví, considerada una de las cinco zonas de sacrificio de Chile (áreas donde la concentración masiva de industrias contaminantes daña la salud de la comunidad).

En 2019, cuando se instaló la idea de celebrar la COP25 en Santiago -luego se canceló por el estallido social-, Barros criticó al mundo empresarial por respaldar la idea. “Es lamentable que el mundo empresarial aparezca validando la COP25, un encuentro donde ya se anticipa un discurso contrario al modelo de desarrollo y el libre emprendimiento”, sostuvo en una columna en el Diario Financiero. “Hoy, la inquietud que toma caracteres de pánico, promovido en nombre de la ciencia, se refiere al cambio climático”, señaló en el escrito donde afirmaba que nadie discute la necesidad de una relación equilibrada del ser humano con la naturaleza, la importancia del respeto al entorno y el uso racional de los recursos que están para su utilización por el hombre.

Un pinochetista revisará los indultos

Al ministerio de Justicia llega el abogado civilista Fernando Rabat. Fue socio del fallecido Pablo Rodríguez Grez, uno de los fundadores de Patria y Libertad, el movimiento de ultraderecha que cometió atentados contra el Gobierno de Salvador Allende. Como parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, Rabat integró la defensa de Pinochet en causas como la Operación Colombo, montada por la Dina en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, o el caso Riggs, que indagó la malversación de fondos públicos realizada por el dictador durante el régimen. Unas 16 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos firmaron hace unos días una declaración donde rechazaron el -entonces probable- nombramiento del nuevo ministro: “Constituye una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares”, porque “reafirma una trayectoria de apología de la dictadura y un compromiso con la impunidad”.

Rabat, sin militancia política, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde recibió el Premio Facultad de Derecho al mejor rendimiento de la carrera, y es profesor de la cátedra de derecho civil en la Universidad del Desarrollo. Desde 2017 ejerce como árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM).