En cinco horas el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
Con 271 votos a favor, 134 en contra y ocho abstenciones la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador será enviada al Senado de la República para el mismo trámite, previo al cierre del periodo de sesiones el próximo 30 de abril.
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La reforma al sector Hidrocarburos, enviada el pasado 26 de marzo por el mandatario federal, permitirá al Gobierno de México suspender permisos y llevar a cabo ocupaciones temporales e intervenciones, “a fin de garantizar los intereses de la nación” y cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
También mantiene la negativa ficta ante solicitudes nuevas de permisos y que se tenga que demostrar la capacidad de almacenamiento previo a adquirir un permiso con este fin.
De último momento, la propuesta sufrió un cambio por el que se otorgaron 30 días naturales para que el permisionario sea avisado de la suspensión, se defienda y la autoridad resuelva si procede o no la suspensión.
“La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra”, se lee en la propuesta enviada a los senadores.
Abril Moreno, socia directora de Perceptia21, afirmó que este cambio es mínimo, aunque vio positivo que se tomarán en cuenta ciertas sugerencias emitidas durante el diálogo con especialistas del sector energético el pasado 6 de abril.
Sin embargo, aseveró que el fondo de la propuesta no se resolvió porque se mantiene la discrecionalidad para suspender permisos al no definir conceptos como que es la seguridad nacional y qué dependencia u organismo lo determinará.
Ramsés Pech, analista del sector energético, recomendó un protocolo avalado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Sener y los participantes del mercado para determinar el grado de omisión, mal uso u operación para llevar a cabo la suspensión.
Por su parte, los gasolineros afiliados a la Onexpo manifestaron qué ante la inminente aprobación y publicación de de la reforma al sector Hidrocarburos ya estudian “los mecanismos de Defensa previstos por el orden jurídico nacional”.
“Se analiza y valora entre otros, el aspecto relativo al alcance y los efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integralidad del sector permiten”, señalaron.
Al presentar el dictamen, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, aseguró que los cambios del presidente Andrés Manuel López Obrador al sector hidrocarburos esta plenamente fundada y motivada en los esfuerzos por alcanzar la dependencia energética del país.
Dijo que al importar 70 por ciento de los combustibles, México es el “país petrolero que más gasolina importa en el mundo”, lo cual añadió es producto de una disminución del 50 por ciento de la producción de hidrocarburos de 2004 a 2018, así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas.
Al dictamen también se le adicionó un artículo transitorio en el que se menciona que al entrar en vigor, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
El 12 de abril pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar esta reforma, ya que afectaría la competencia y libre concurrencia en toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo cual incrementaría el precio que pagan las familias y empresas mexicanas por productos como las gasolinas y el diésel.
El diputado Pablo Gómez de Morena criticó al organismo autónomo de no estar facultado constitucionalmente como consultor del Congreso de la Unión.
Del PAN, el diputado Justino Arriaga Rojas, sostuvo que la reforma “es una pieza legislativa violatoria de la Constitución mexicana y de diversos tratados internacionales vigentes, poniendo en riesgo las inversiones de las empresas permisionarias en beneficio de las empresas del Estado”.
Recordó que el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, manifestó en la “valoración del impacto presupuestal del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos” qué ocasionará impacto presupuestales adicionales por el pago de las afectaciones a aquellos permisionario que lo soliciten. “Va a haber otro impacto presupuestal como el que generó el capricho del presidente al cancelar el aeropuerto de Texcoco”, afirmó.
También mencionó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) también coincidió en que la propuesta presidencial ga mayor poder a la Sener y la CRE y generará efectos negativos a la competitividad en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Jacobo Cheja, vicecoordinador de MC, aseveró que “si desde le gobierno federal se quieren combatir la prácticas ilegales en materia de hidrocarburos entonces tendida por empezar a limpiar la casa, es decir, combatir la corrupción estructural que se ha formado al interior de las empresas productivas del Estado como Pemex y en e general en todo el aparato y gubernamental.
Por el grupo parlamentario del PRI, Enrique Ochoa, extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) insistió que la reforma es inconstitucional, así como que el dictamen está “incompleto” al no incluir la opinión negativa de la Cofece ni los argumentos técnicos jurídicos y de carácter comercial de especialistas en la materia para poder hacer un mejor trabajo legislativo.
Enfatizó que la reforma producirá combustibles caros y adelantó escasez de combustibles si se aplica, ya que, en sus términos, se establecen barreras a la entrada, que impiden la competencia económica.
El diputado de Morena, Diego del Bosque, criticó que la posición sea títere de empresas como Iberdrola, de la reforma energética de 2013-14 y del “poder económico corruptor de este país”, así como que abonará a recuperar la soberanía nacional.
“Tenemos que escuchar la pueblo que nos dio un mandato, que es rescatar la país. Las decisiones las tomaremos los representantes populares, no los representantes de los mercados”, aseguró.
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