Argemiro Hernández, el padre de Divier Hernández, uno de los once muertos en el operativo militar de Alto Remanso (Putumayo), se paró en el estrado de la Cámara de Representantes y se dirigió al ministro de Defensa, Diego Molano, y a la cúpula militar, sentados en primera fila del recinto. “Vengo a decirles que mi hijo era un trabajador, no un guerrillero, como ustedes han dicho”, afirmó con aplomo. Su hijo, como ha denunciado la comunidad de esta zona rural ubicada al sur de Colombia, era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la población, y estaba en un bazar o fiesta popular cuando el Ejército realizó una incursión militar que dejó once muertos.
Organizaciones de derechos humanos corroboran que tanto Divier como Ana María Sarrias, quien estaba embarazada, eran civiles reconocidos y que ella murió desangrada. El Ejército, por su parte, sostiene que los once pertenecían a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC. Este miércoles, Molano se enfrentó en el Congreso a una moción de censura que se alargó durante 12 horas y se votará la próxima semana. El ministro defendió el operativo, aunque reconoció “imprecisión” sobre los cuatro capturados que anunció el Gobierno y que nunca existieron.
La comparecencia estuvo marcada por la presencia de sobrevivientes. Aníbal Eduardo Cuéllar se presentó como el reemplazo de Divier y dijo que fue maltratado por los soldados delante de su hija menor. “Vengo acá a que me reconozcan físicamente que yo no soy alias Bruno como me quisieron identificar. Les pido de corazón que se haga justicia”. El operativo del Ejército colombiano buscaba capturar a Carlos Emilio Loaiza conocido como Bruno, pero no lo consiguió. No está claro si ya se había ido del lugar cuando se lanzó el operativo militar. En su lugar, murieron algunos miembros de las disidencias y civiles.
“Sacamos la cara por los civiles, campesinos que distinguíamos, por la gente que están haciendo pasar como guerrilleros. Sean responsables con los señalamientos que hacen”, les dijo también a los militares el líder y sobreviviente de Alto Remanso, Élber Gómez.
El único herido de parte del Ejército, el soldado profesional Róbinson Beleño, también se dirigió a los congresistas. En silla de ruedas y con una herida en su brazo dijo que durante el operativo recibió un disparo por parte de una persona vestida de civil. “Me demoré en reconocerlo y me disparó en el brazo. Estoy vivo gracias a la reacción de un compañero”, dijo. Beleño aseguró que días antes de la operación ya habían visto a hombres armados mezclados con la población civil.
“Hay muertos no reportados”
Durante la moción de censura, la representante Katherine Miranda aseguró que los muertos no eran 11 sino 13, pues existen diferencias entre el listado de nombres que entregó el Ejército con los de Medicina Legal y la Fiscalía. Así lo había denunciado el abogado de las víctimas, David Melo en días pasados a este diario. Los dos nuevos muertos que no fueron reportados, según Miranda, son Lisandro y Daniel Paredes San Juan, y ambos habrían prestado servicio militar, de acuerdo con su información.
“Las actas de inspección de cadáveres demuestran que los cuerpos estaban en posición natural, es decir, boca arriba y evidencian también que se movieron los cuerpos”, dijo Miranda, que mencionó al gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, del que presentó el acta de posesión como autoridad indígena para demostrar que era civil.
La congresista por el Pacto Histórico, María José Pizarro, quien llevó a los sobrevivientes al recinto, se centró también en la legitimidad de la operación y dijo que no se debió autorizar si había presencia de civiles. “Hay premios, ¿hay medallas prometidas por este hecho?”, cuestionó al ministro para hablar de la presencia en el operativo de un general investigado por 56 casos de falsos positivos, como se llama en Colombia a la práctica de asesinar civiles y mostrarlos como bajas en combate.
Molano, quien ya va por su tercer intento de moción de censura, intervino al final de la tarde. Dijo que llevaban un año haciendo seguimiento a la disidencia, que no se trató de un bazar sino de un espacio de comercialización de coca y que los Comandos de la Frontera obligan a los campesinos a ir a los bazares. Según el ministro, no se trató de un falso positivo. “No es el tipo de actividades que se desarrollaron”, aseguró.
Según la cronología que presentó el Gobierno, los militares llevaban 15 días infiltrados en la selva y días antes del operativo habían observado la llegada de hombres armados. “Claro que sabíamos que había un bazar”, por eso no habrían actuado el primer día de la fiesta, según su versión. Luego, afirmó que “hubo disparos desde Ecuador, hubo fuego cruzado y sostenido”.
En su intervención, que duró una hora y media, Molano admitió que los soldados que participaron en el operativo sí tenían uniformes de negro, como denunciaron los pobladores, pero que eran parte de los que usa el Ejército en operaciones especiales. Sobre los civiles, que era uno de los temas centrales de la moción, no respondió. Insistió en que solo la Fiscalía podrá determinar si esas personas eran miembros de la estructura armada, pero no presentó pruebas contra ellos. “Aquí nadie puede tener la identificación plena y su relación con las disidencias”, dijo.
Al final, tuvo que reconocer inconsistencias en relación con los capturados. El día del operativo el presidente Iván Duque aseguró que cuatro heridos eran “criminales” y habían sido capturados, pero la Fiscalía desmintió haber recibido detenidos. “No se pudo adelantar la rigurosidad procesal y reconocemos que esa primera versión preliminar pudo haber una imprecisión”, dijo.
Casi a la misma hora del inicio de la jornada, en Ocaña, a 600 kilómetros de la capital colombiana, 10 militares reconocían por primera vez en la historia que en el pasado habían asesinado civiles haciéndolos pasar por guerrilleros o delincuentes.
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