El escenario político en Sinaloa muestra una agitación constante, con el gobernador Rubén Rocha Moya tomando acciones judiciales contra sus adversarios políticos. En esta ocasión, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, enfrenta la posibilidad de un desafuero tras investigaciones de la Auditoría Estatal, que han desencadenado procesos legales contra funcionarios de su administración morenista por presuntos daños al erario.
El proceso en curso contra Vargas Landeros ha sido formalmente presentado en el Congreso de Sinaloa, marcando un nuevo capítulo en la incesante batalla política que se ha intensificado desde el inicio del sexenio de Rocha Moya. Durante los primeros años, el gobernador ya había dirigido ofensivas similares contra alcaldes como Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, quienes contaban con el respaldo de la mayoría legislativa morenista. Sin embargo, los nuevos alcaldes, colocados en sus puestos con el visto bueno de Rocha, no han logrado mitigar la preocupante ola de inseguridad en la capital sinaloense, cuya economía se ve profundamente afectada por retos como la sequía y nuevos aranceles que agobian al sector agropecuario.
En medio de este conflicto entre el Ejecutivo estatal y Vargas Landeros, la reaparición del exgobernador Mario López Valdés ha levantado especulaciones sobre un movimiento político del PRI para recuperar terreno en la región. Este regreso coincide con un reacomodo interno en el tricolor, acordado por López Valdés y el presidente nacional, Alito Moreno Cárdenas, que podría favorecer a figuras como la senadora Paloma Sánchez y el diputado Bernardino Antelo.
La salida de Paola Gárate como líder del PRI en Sinaloa representa un cambio significativo, con la llegada de César Emiliano Gerardo, un aliado de López Valdés. Esta reestructuración se manifiesta a dos años de concluir el sexenio de Rocha Moya, en un clima de inestabilidad política marcado por la creciente preocupación de los sinaloenses frente a la violencia y los estragos económicos.
Por otro lado, Vargas Landeros ha emergido como un potencial candidato a la sucesión, junto al exsecretario de gobierno y actual senador Enrique Inzunza, quien también enfrenta críticas por su gestión y tiene demandas pendientes que permanecen estancadas en el Poder Judicial local.
En este panorama también se destacan las críticas hacia la iniciativa del Ejecutivo federal. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones ha señalado la concentración de poder que implica, abogando por una actualización de la legislación frente a desafíos contemporáneos como las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. La propuesta, que ha sido aprobada en comisiones, se ha descrito como un intento de replicar la reforma de 2014, con preocupaciones sobre cómo podría erosionar facultades constitucionales esenciales de las secretarías de Economía y Gobernación.
En el ámbito electoral, la coalición PAN-PRI se enfrenta a un panorama desalentador, con un éxito limitado en las elecciones de 2024. A pesar de conseguir victorias en Coahuila, Durango y Nuevo León, han tenido que lidiar con alcaldes controversiales, como el priista Adrián de la Garza en Monterrey, cuya gestión ha sido criticada profundamente en áreas vitales como la seguridad y el medio ambiente.
Así, la dinámica política en Sinaloa se mantiene en un estado de tensión, donde los desafíos económicos y la violencia siguen preocupando a la ciudadanía, mientras los actores políticos navegan en un mar de incertidumbre y especulaciones sobre el futuro. La información aquí contenida refleja el contexto hasta el 2025-04-28.
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