La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó apoyos económicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a beneficiarios que habían fallecido y estudiantes, cuando su población objetivo son jóvenes que no estudian ni trabajan. En total, la dependencia no pudo aclarar el destino de 57 millones de pesos.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que entre los lugares donde se capacitaban los beneficiarios había centros de trabajo inexistentes, otros que señalaron nunca haberse inscrito al programa y otros más que no entregaron pruebas de la capacitación a los jóvenes.
Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas estrella de la actual administración. De acuerdo con sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios durante un año en empresas con la posibilidad de brindarles capacitación para el trabajo. A cambio estos reciben una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Cuando inició el programa, en enero de 2019, la beca era de 3 mil 600 pesos mensuales pero se ha ido incrementando y actualmente es de 4 mil 310 pesos.
La ASF, sin embargo, encontró diversas irregularidades en su primer año de implementación. En primer lugar, la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde realizó pagos a 68 beneficiarios posteriores a la fecha de su defunción por 482 mil 400 pesos.
También destinó dos millones 721 mil 600 pesos en becas a 341 beneficiarios que se capacitaron en las empresas INAEP S.A.S. de C.V. y Construcciones y Servicios Lukman S.A. de C.V., pero los domicilios donde los jóvenes supuestamente laboraban se encontraban abandonados o no comprobaron la capacitación.
En el caso de INAEP, la ASF no encontró rastro de la empresa en los tres domicilios señalados en el expediente digital proporcionado a la STPS. Y sobre Servicios Lukman, los domicilios eran casas habitación que no tenían capacidad operativa para alojar a los 129 beneficiarios que estaban a su cargo.
La STPS también tenía entre sus registros el pago de dos millones 674 mil 800 pesos a 377 beneficiarios capacitados en las empresas Barista Factory S.A.S. de C.V. y Technogourmet S.A.S. de C.V. Sin embargo, los representantes legales de ambas compañías declararon no haberse inscrito nunca en el programa para fungir como centros de trabajo en 2019.
La dependencia federal también transfirió 48 millones 628 mil 800 pesos a tres mil 188 beneficiarios que no estaban bajo el supuesto de estar sin trabajo y sin escuela, ya que los mismos beneficiarios también recibieron apoyo de becas escolares de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, otros 183 beneficiarios del programa recibieron becas de la STPS por dos millones 584 mil 800 pesos pese a que también se encontraban inscritos en programas de apoyo a la educación indígena que opera el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento forense 2019-0-14100-23-0374-2020, las irregularidades encontradas por el órgano fiscalizador se deben a que la Secretaría del Trabajo no cuenta con acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Tampoco cuenta con mecanismos y procedimientos para constatar y validar, oportuna y eficazmente, que los aspirantes y beneficiarios no se encuentren estudiando. Y tampoco tiene mecanismos para validar a las empresas que se fungen como los centros de trabajo.
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