Una corte de Ontario, Canadá, ha dado un giro inesperado en el litigio que enfrenta al Estado mexicano con inversionistas relacionados con la empresa Oro Negro. Según informes recientes, esta corte ha anulado el laudo arbitral emitido en 2024, que había favorecido a México, y ha ordenado reabrir el caso bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta decisión destaca la crítica a la actuación del tribunal arbitral, que, según la corte, se declaró erróneamente sin jurisdicción, además de no revelar un posible conflicto de interés del árbitro chileno Andrés Jana.
La resolución resalta que el tribunal arbitral rechazó tener jurisdicción de manera inapropiada y que Jana no divulgó su vinculación a la asesoría legal relacionada con el caso. Con esta nueva decisión, el litigio regresa a la fase de análisis de fondo, aunque ello no asegura automáticamente una condena contra México. Aún así, si el fallo resultara en contra del país, las repercusiones podrían ser significativas, con un posible pago de 270 millones de dólares.
La corte canadiense también impuso a México el costo procesal de 100 mil dólares, a pagar en un plazo de 30 días, aportando una carga adicional a este caso que ya ha celebrado su cuota de controversias. Este reciente desenlace se produce después de que el laudo original del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), emitido en 2024, había desestimado la demanda de los inversionistas por los mismos 270 millones, argumentando que los demandantes carecían de legitimidad suficiente y que las pérdidas reclamadas eran de carácter indirecto.
El litigio tiene sus raíces en la relación contractual entre Oro Negro y Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2017. Durante este periodo, la empresa arrendó cinco plataformas petroleras a Pemex, pero las controversias comenzaron cuando los inversionistas alegaron que Pemex indujo una reducción en las tarifas acordadas en 2015 y que, en 2017, se cancelaron contratos aún vigentes. Las acusaciones incluyen incumplimiento de contrato, trato preferencial a competidores y supuestas negativas a pagar sobornos.
Oro Negro, que había emergido como un importante contratista para Pemex, fue declarada en quiebra en junio de 2019, lidiando con un entorno adverso por la caída de los precios del petróleo y la cancelación de contratos, acumulando deudas superiores a 950 millones de dólares.
Además, el caso ha sacado a la luz disputas internas y acusaciones de fraude, con investigaciones en curso que han involucrado a varios de sus directivos. Un aspecto curioso del proceso es la contratación de la firma Black Cube, compuesta por exagentes de inteligencia israelí, que supuestamente obtuvo información sobre funcionarios de Pemex bajo circunstancias cuestionables.
Los complicados entretelones del arbitraje revelan un universo lleno de intrigas y conflictos de intereses, donde las líneas entre la legalidad y la corrupción a menudo se difuminan. En este contexto, los involucrados continúan mapeando una ruta incierta hacia la justicia y la claridad en este prolongado conflicto legal.
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