La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en una intensa disputa con la Fiscalía de Chihuahua por el control de un caso que involucra al exgobernador Javier Corral. La actual administración encabezada por Maru Campos, quien es una detractora de Corral y ahora senadora de Morena, lo acusa de corrupción ocurrida durante su mandato de 2016 a 2021. Corral responde que estas acusaciones son un producto de venganza por las investigaciones que la Fiscalía llevó a cabo durante su gobierno, las cuales salpicaron a Campos cuando era diputada local y posteriormente alcaldesa de la capital.
El caso se origina en la contratación de un despacho fiscal, López Elías Finanzas Públicas, S.C., para el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019 y 2020. Aunque una auditoría inicial no encontró irregularidades, una segunda revisión realizada en 2022 reveló supuestas anomalías, llevando a la Fiscalía a perseguir a Corral y a su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Se les acusa de haber desviado 98.6 millones de pesos, dinero que supuestamente no fue justificado.
López Elías, el titular del despacho contratado, ha declarado que no ha podido presentar pruebas que respalden su defensa. Afirmó que un total de 7.482 millones de pesos fueron liberados gracias a su trabajo, pero ahora enfrenta una orden de aprehensión que lo tiene temeroso por su libertad. Corral sostiene que la justicia en Chihuahua está controlada por la gobernadora y su administración, incluyendo a César Duarte, un exgobernador del PRI implicado en serios actos de corrupción.
Desde que Campos asumió la gubernatura, ha habido varios intentos de desestabilizar a Corral. Uno de los casos más notorios es el de Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción durante la gestión de Corral, quien fue encarcelado bajo acusaciones de tortura. Además, en agosto de 2024, se intentó capturar a Corral en Ciudad de México, lo que generó preocupación en el ámbito político y trajo a la luz las tensiones entre diferentes niveles de gobierno.
La FGR ha intervenido recientemente, argumentando que los recursos supuestamente desviados eran de origen federal, por lo que debe ser su fiscalía la que continúe con la investigación. Sin embargo, la negativa de la administración de Campos a transferir el expediente ha suscitado una batalla legal. Un juez federal determinó que la competencia para el caso pertenece a la FGR, pero el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha declarado que no enviará la carpeta de investigación, sugiriendo un posible encubrimiento.
La defensa de Corral, liderada por Javier Schütte, ha advertido que esta negativa podría tener repercusiones penales. Según López Elías, la Fiscalía estatal ha intentado presionarlo para que declare en contra de Corral. Ha experimentado embargos de cuentas y ha lidiado con problemas de salud, complicando aún más su situación.
En resumen, la lucha entre la FGR y la Fiscalía de Chihuahua es un reflejo de las tensiones políticas en el estado, donde las acusaciones y contraacusaciones han ensombrecido la integridad del sistema judicial. Esta coyuntura legislativa e institucional evidenci¬a un complejo entramado de lealtades y rivalidades que siguen marcando la política en Chihuahua.
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