Durante el actual sexenio, las extradiciones de jefes criminales a Estados Unidos han disminuido con respecto a las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, además de que muchos de los extraditados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son líderes prioritarios para el gobierno norteamericano.
Un reporte reciente del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS), que da cuenta de la relación actual de ese país con México, indica que las extradiciones de jefes criminales llegaron a su máximo histórico en el sexenio de Felipe Calderón, con un promedio de 98 personas por año. Entonces “el Departamento de Estado utilizó las extradiciones como indicador del éxito de la Iniciativa Mérida”, dice el informe.
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Cuando Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, las extradiciones cayeron dramáticamente a 54 en su primer año, para luego aumentar a 79 durante 2016.
En enero de 2017, la decisión de México de extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa y uno de los principales objetivos globales de la Agencia Antidrogas (DEA), fue un “punto culminante en la cooperación bilateral” después de años de trabajo conjunto.
Con la llegada de López Obrador, el total de extradiciones desde México cayó a 58 en 2019 y “muchos de los extraditados no eran jefes de alta prioridad para el gobierno de Estados Unidos”.
Entre los pocos líderes de importancia extraditados durante la administración lopezobradorista se encuentra Rubén Oseguera, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.
También destaca el arresto del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez El Marro; de su sucesor, Adán N alias El Azul; así como una cabeza del Cártel de la Línea, aunque “no está claro si México continuará extraditando a esos sospechosos a Estados Unidos”.
CASO CIENFUEGOS “ENFURECIÓ” A MÉXICO
El reporte del Congreso estadounidense refleja una preocupación porque la cooperación entre Estados Unidos y México se deteriore debido a la reciente promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, que limita las operaciones de las agencias extranjeras en nuestro país.
“Tal como está redactada, la ley requeriría que los funcionarios extranjeros compartan cualquier información que recopilen con las autoridades federales mexicanas designadas y funcionarios en todos los niveles de Gobierno… Los expertos temen que la ley, si no se revisa en sus reglas de implementación, podría limitar severamente la cooperación policial y el intercambio de información que ha demostrado ser crucial para enjuiciar los casos de corrupción y tráfico de drogas en ambos países”.
El informe del CRS señala que la regulación a la actividad policial extranjera en territorio mexicano (incluida la DEA), aprobada en diciembre por el Congreso de la Unión, fue redactada “en respuesta a la investigación estadounidense del general (Salvador) Cienfuegos”.
La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, agrega el reporte, “sorprendió y enfureció al Gobierno mexicano”. En respuesta a la presión mexicana, Estados Unidos acordó en noviembre abandonar el caso y permitir que el general regresara al país para ser juzgado por cargos de lavado de dinero y presuntos nexos con organizaciones criminales.
Fechado antes de que se diera a conocer su exoneración por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el documento adelantaba que la dependencia del presidente López Obrador al Ejército podría complicar los esfuerzos para procesar al exsecretario de la Defensa en México.
Muchos de los extraditados no eran jefes de alta prioridad para el GobiernoReporte del Congreso de EU
LA RELACIÓN CON BIDEN
El reporte concluye que “es probable que las relaciones entre Estados Unidos y México se pongan a prueba en 2021 por los desafíos de seguridad en curso y la tensión reciente en la cooperación en materia de seguridad, así como por los graves desafíos económicos y de salud provocados por la pandemia de Covid-19”.
Indica que aunque las relaciones entre ambos países se mantuvieron cordiales hasta hace poco, ha habido momentos de tensión, el más reciente por las investigaciones estadounidenses de funcionarios mexicanos.
“Los expertos predicen que la administración de Joseph R. Biden puede reevaluar la cooperación en materia de seguridad; eliminar gradualmente las políticas migratorias de la era Trump, monitorear la implementación del T-MEC y las condiciones laborales en México; y volver a priorizar los derechos humanos, las cuestiones de energía limpia, la cooperación en materia de salud y los esfuerzos anticorrupción”.
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