La paciencia de la Comisión Europea con Polonia a cuenta del Estado de derecho parece haber llegado al borde del precipicio. El organismo comunitario ha sacado este martes la artillería pesada frente al desafío de Varsovia al presentar dos iniciativas con las que pretende forzarla a revertir varias reformas de su sistema judicial, que Bruselas considera una amenaza para la independencia de los jueces.
Por un lado, el Ejecutivo comunitario reclama al Tribunal de Justicia de la UE que imponga sanciones por no acatar las medidas cautelares impuestas por este órgano en julio y que obligaban al país a congelar el funcionamiento de su polémica sala disciplinaria del Tribunal Supremo. Por otro lado, la Comisión inicia el procedimiento para exigir a Polonia que obedezca otra reciente sentencia del TJUE sobre el régimen disciplinario de la magistratura. Ambas iniciativas podrían derivar en sanciones multimillonarias.
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El movimiento de Bruselas trata de frenar los órdagos cada vez más altos de un Gobierno capitaneado por la formación ultraderechista Ley y Justicia (PiS, por sus siglas polacas), que ha llegado a cuestionar uno de los pilares básicos de la UE: la primacía del derecho comunitario. En un caso paralelo, que también ha desatado las alarmas en Bruselas y cuyo fallo se conocerá previsiblemente a finales de septiembre, el Tribunal Constitucional polaco deberá decidir nada menos sobre si el derecho de la UE está por encima del ordenamiento jurídico nacional o a la inversa. “Seguiremos de cerca las próximas decisiones”, ha asegurado sobre este otro asunto una alta fuente europea durante una comparecencia este martes.
El ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, sacó las uñas frente a Bruselas: “La decisión de hoy es otra manifestación de la agresión de la Comisión Europea hacia Polonia”, espetó en una rueda de prensa, según Reuters. “Un intento de limitar nuestra soberanía y un ataque al ordenamiento jurídico polaco”.
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El enfrentamiento entre la Comisión y Varsovia tiene su origen en las sucesivas reformas judiciales acometidas por el Gobierno del PiS, partido aún dominado de facto por el exprimer ministro Jaroslaw Kaczynski. La intención declarada en un origen era la de modernizar una judicatura con rémoras de la era soviética, pero Bruselas teme que se haya convertido en la excusa perfecta para una purga política dentro del poder judicial.
El actual doble movimiento de muñeca de Bruselas llega en un momento clave en el que el Ejecutivo comunitario sigue valorando si aprueba o no el plan de recuperación de 36.000 millones de euros de este país, lo que le confiere cierto poder negociador. La Comisión no esconde que, a la hora de estudiar y aprobar el plan de recuperación polaco, se tendrá en cuenta “la cuestión de la independencia judicial”, según fuentes del Ejecutivo comunitario. “Es parte del arsenal de medidas de presión”, añade el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, en la que se sustancian los casos sobre las violaciones del Estado de Derecho de Polonia y Hungría.
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La primera de las iniciativas tomadas este martes por Bruselas se remonta a una reforma judicial aprobada a finales de 2019, que la Comisión llevó ante el TJUE. En un auto dictado el pasado 14 de julio, el tribunal europeo exigió a Polonia suspender de forma cautelar los procedimiento en la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, un órgano todopoderoso que entre otras cosas puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Aunque el tribunal con sede en Luxemburgo aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, el objetivo (como el de toda medida cautelar) ha sido evitar “provocar un daño irreversible” para los jueces y el sistema judicial polaco, según fuentes europeas.
En un caso insólito de esperpento judicial, un día después de la decisión del TJUE en julio, el Tribunal Constitucional polaco decretó que la imposición de este tipo de medidas cautelares europeas son incompatibles con la Norma Fundamental del país, ahondando de nuevo en la brecha que lo separa del sistema judicial europeo.
Presionado cada vez más por Bruselas, en agosto Kaczynski llegó a asegurar que disolvería la polémica sala disciplinaria “en su forma actual” por lo que “el motivo de la disputa” desaparecería. Pero las informaciones con las que cuenta la Comisión indican que, de momento, Polonia sigue insistiendo en su viraje y no ha tomado las medidas decretadas. El Ejecutivo comunitario ha dado ahora el paso con el fin de torcer el brazo de Varsovia a base de multas hasta que cumpla.
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En un asunto judicial de 2017, el único precedente del que se tiene constancia en los despachos de Bruselas relacionado con medidas cautelares, el TJUE exigió una multa de al menos 100.000 euros al día por incumplimiento. El protagonista en aquella batalla también era Polonia, que se negaba a proteger un bosque primigenio. La presión funcionó: tras el anuncio de las multas, el Ejecutivo polaco tardó un día en enderezar su conducta.
La segunda pata del movimiento de Bruselas se remonta a abril de 2019, cuando la Comisión inició un procedimiento de infracción por considerar que el nuevo régimen disciplinario aprobado para los jueces socava su independencia y no da las garantías necesarias para protegerlos de control político. La sentencia del TJUE condenó el pasado 15 de julio a Polonia al considerar este régimen disciplinario incompatible con el derecho de la UE. Ante la falta de cumplimiento de la sentencia, la Comisión envía ahora una carta formal al Gobierno polaco, en la que le urge a acatarla. Varsovia tiene dos meses para responder a la misiva y, en función de la respuesta, se podría requerir al TJUE para que imponga sanciones.
López Aguilar considera que estamos ante una “violación sistemática y frontal del principio de primacía del derecho europeo” cometida por un país que lleva tiempo incurriendo en un “desacato clamoroso de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que es la última frontera de pertenencia al club de los 27”. El antiguo Defensor del Pueblo polaco, Adam Bodnar, contrario a las tesis euroescépticas del PiS, alertó ya en julio de que la huida hacia adelante del país “más pronto o más tarde desembocará en la salida de Polonia de la UE”. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, advirtió también entonces de que la rebeldía polaca contra el tribunal europeo podría desencadenar una espiral “que destruya la Unión”.
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