La financiación autonómica, uno de los grandes problemas estructurales que España arrastra desde la década pasada y que hasta ahora había quedado relegada por tres crisis consecutivas —las secuelas derivadas de la Gran Recesión, el conflicto territorial en Cataluña y la pandemia—, está a punto de convertirse en uno de los asuntos centrales de la agenda política española. Y con un cariz imprevisible. Por una vez, no habrá política de bloques.
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Los barones del PSOE y del PP llevan semanas tomando posiciones y tejiendo alianzas transversales, en función de los intereses comunes y no de las órdenes de equipo de Ferraz o Génova, a la espera de que el Gobierno se decida a renovar el modelo vigente, obsoleto desde 2014. El Ministerio de Hacienda guarda silencio mientras las comunidades más pobladas, pero con un problema de infrafinanciación reconocido incluso por La Moncloa, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, se movilizan y rompen la dinámica de confrontación entre los dos grandes partidos. La reacción en la Meseta no se ha hecho esperar. Las comunidades del interior peninsular también se están organizando y exigen que se combata la despoblación con más inversiones si se quiere voltear la dinámica que ha provocado que 41 millones de personas vivan en el 30% del país —Madrid y litoral— y solo 6 millones se repartan por el 70%.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue este miércoles el último en mover ficha. “En vista de que hay autonomías como Andalucía y la Comunidad Valenciana que legítimamente se unen para hablar de financiación per cápita, muchas comunidades autónomas, la mayoría, respondemos a un criterio de financiación que tiene que ver con estrategias de asentamiento de población, de dispersión poblacional, de coste de servicios públicos, y por tanto vamos a iniciar una ronda de contactos con presidentes de comunidades autónomas a los efectos de sumar esfuerzos y de hacerlo de manera transversal”, recalcó.
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El dirigente socialista, que ya mantuvo conversaciones informales con homólogos del PP y de su partido en la conferencia de presidentes de finales de julio en Salamanca, tiene como hoja de ruta la cumbre de 2018 en la que Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja pactaron los criterios que debería tener el nuevo modelo de financiación autonómica. “Deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad, o el envejecimiento de la población”, ya apelaron entonces a Pedro Sánchez. El intento del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de organizar una nueva cumbre a principios de año se truncó por el recelo de algunas comunidades del PSOE.
Frente a esa demanda de que la población a secas tenga menos peso del que tiene ahora en el sistema de financiación, otro barón del PSOE, Ximo Puig, ha sido uno de los líderes territoriales más activos en la búsqueda de aliados que, en otras circunstancias, estarían en las antípodas. El presidente valenciano acordó este miércoles con Pere Aragonès aliarse para captar y gestionar fondos europeos. Pero no hubo avances respecto a la financiación. El president catalán persigue en esta y otras cuestiones un trato bilateral con el Gobierno. Fuentes de la Generalitat catalana se muestran pesimistas y creen que la legislatura finalizará con el modelo en vigor.
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Puig, que negó que su intención sea crear un “frente común” ni “generar bloques” sino hilar “alianzas diversas y plurales” con las autonomías peor tratadas por el sistema de financiación, también se reunió en julio con Francina Armengol. La presidenta de Baleares, de su mismo partido, comparte la preocupación por la “sobrepoblación” de las comunidades más turísticas en verano, con el impacto que suponen para los servicios públicos.
Con estos antecedentes, la reunión que Puig mantendrá dentro de dos semanas con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP, ha sido la que ha terminado por acelerar los movimientos de otros territorios. La sintonía entre los gobiernos de las dos comunidades más pobladas que gobiernan populares y socialistas no pilló desprevenido al PSOE andaluz. El domingo pasado Juan Espadas, alcalde de Sevilla y secretario general de la principal federación socialista, y Puig reforzaron “la posición común” del PSOE en Andalucía y Valencia para negociar un modelo de financiación autonómica “más justo y con una adecuada distribución de los recursos”. Espadas recordó que Andalucía ya cuenta con una posición común del Parlamento autonómico: impulsada por el PSOE, logró el respaldo de la mayoría de grupos de la Cámara autonómica en marzo de 2018. La consejera de Hacienda era la actual ministra, María Jesús Montero.
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En otro movimiento estratégico, el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), anunció que mantendrá sendas reuniones con los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana para abordar una solicitud conjunta al Gobierno para el futuro modelo de financiación autonómica. López Miras declaró que espera conseguir el respaldo de los presidentes de las comunidades vecinas para cambiar un sistema que “perjudica gravemente” y trata como ciudadanos “de segunda” a los habitantes de su región. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las comunidades peor financiadas según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En el lado opuesto se encontraba Cantabria, con un índice de financiación por habitante 24,8 puntos superior al valenciano.
Fernández Mañueco (PP) también ha sondeado posibles apoyos los últimos meses. El presidente de Castilla y León ha instaurado junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, y García-Page la liga de comunidades autónomas que con más ahínco han defendido sus intereses. Los dos barones del PSOE y el del PP han celebrado tres reuniones en lo que va de legislatura en Soria, Talavera de la Reina (Toledo) y Albarracín (Teruel) para que se tenga en cuenta la singularidad de sus territorios, con una población muy envejecida y dispersa frente a las grandes concentraciones urbanas de las comunidades más pobladas. Entre las tres autonomías representan el 43% del territorio, pero solo al 12% de la población española, con 5,7 millones de habitantes.
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“Hemos hecho de la despoblación un tema clave de la agenda de España. Y, por tanto, se tiene que trasladar a la financiación autonómica”, sostienen fuentes de la Junta de Castilla y León. “Debemos garantizar que se prestan servicios de calidad en el territorio y por eso es importante que se tenga en cuenta la extensión territorial y el coste real del servicio como criterio”, añaden desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Como ejemplo, ponen que la ciudad madrileña de Fuenlabrada y la provincia de Cuenca tienen una población de 200.000 habitantes. Pero el coste se dispara en el caso de una provincia con más del doble de superficie que Euskadi.
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