La reciente participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua ha generado un intenso debate sobre la soberanía nacional y la legalidad de tales acciones en territorio mexicano. Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, ha pedido al Senado iniciar un juicio político contra María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua. Según Sandoval, esta situación vulnera la Constitución y representa “traición a la Patria”, lo que justificaría su destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
“Normalizar la intervención de gobiernos extranjeros en nuestro territorio, al margen de las instituciones federales, es inaceptable”, advirtió Sandoval. Para él, permitir que gobiernos estatales cedan facultades a potencias extranjeras significaría renunciar a la esencia del Estado mexicano. La evolución del reconocimiento gubernamental de la colaboración extranjera ha suscitado dudas y contradicciones, lo que, según Sandoval, pone de manifiesto la gravedad y complejidad de los hechos.
Ante la controversia, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja y presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó su preferencia por buscar el diálogo y la conciliación en lugar de la confrontación. Monreal reconoció que la situación en Chihuahua podría afectar las relaciones con otros países, debido a las implicaciones legales de la presencia de agentes extranjeros en México. Sin embargo, también destacó la importancia de encontrar un entendimiento que evite futuros incidentes similares.
El Senado ha convocado a la mandataria de Chihuahua a una reunión para discutir el tema, reafirmando su papel como garante del pacto federal y encargado de cuidar el respeto a la Constitución. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, indicó que, aunque no hay claridad sobre las posibles sanciones a la gobernadora, la entidad legislativa tiene el derecho de abordar situaciones que aparenten violaciones constitucionales.
En un contexto paralelo, el 23 de abril, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunió con Campos en un encuentro privado, que se llevó a cabo en las instalaciones de la dependencia federal en la Ciudad de México. Previo a esto, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exigió aclarar las condiciones de la colaboración con las agencias de Estados Unidos, subrayando que esto podría conllevar serias violaciones al marco legal mexicano.
Sheinbaum directó al Consejo de Seguridad que emitiera un comunicado recordando a todas las entidades el marco legal vigente sobre cooperación internacional en seguridad, particularmente en relación con Estados Unidos. Estas declaraciones ponen de relieve la preocupación de las autoridades sobre la formalidad y el respeto a las leyes en la búsqueda de colaboración en temas de seguridad.
La situación en Chihuahua es un reflejo del delicado equilibrio que se busca entre combatir la delincuencia organizada y preservar la soberanía nacional en un contexto de creciente presión internacional y desafíos internos. El desarrollo de estos acontecimientos no solo tendrá repercusiones políticas en el estado, sino también a nivel nacional, donde la unidad y la legalidad son fundamentales ante cualquier intento de intervención extranjera.
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