La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre los riesgos y las consecuencias del proyecto de ley anunciado por Morena para regular los contenidos en las redes sociales. La organización considera que su aprobación derivaría en limitaciones a la libertad de expresión en el área digital.
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El senador morenista Ricardo Monreal anunció un proyecto de ley para regular las redes sociales. Lo hizo a través de las mismas plataformas digitales y precisó que lo presentará oficialmente al Senado en las próximas semanas.
La iniciativa reformaría la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y entre otros aspectos crea la figura de las “Autorizaciones para los servicios de redes sociales”, establece la definición de redes sociales relevantes para aquellas con un millón o más suscriptores o usuarios, y prevé un sistema de sanciones y multas sobre los contenidos que los usuarios cargan a las plataformas.
“Ya habíamos prevenido, luego del bloqueo en enero en las redes sociales de las cuentas personales del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del riesgo del surgimiento de desproporcionadas iniciativas para regular la información en esas plataformas, tal como muchas veces se ha intentado regular sobre los contenidos de los medios periodísticos”, expresó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, a la vez presidente de la empresa periodística hondureña Grupo Opsa.
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El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, añadió que “la regulación de las redes sociales es un tema complejo y requiere de los gobiernos mucha sabiduría, en especial cuando la legislación en lugar de establecer parámetros tecnológicos y de espectro corre el riesgo de entrometerse en los contenidos de los usuarios, incluso imponiendo límites a contenidos que trascienden las fronteras del país”. Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior, agregó que “una mala ley puede generar un efecto búmeran, deconstruyendo décadas en las que en México se fue consolidando la libertad de expresión”.
Canahuati y Jornet coincidieron en que, tal como consigna la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, “la legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos”. Consideraron que muchos de los delitos existentes –violación de la privacidad, pornografía, pederastia, difamación, entre otros– ya están contenidos en los códigos civiles y penales y que no es necesario “crear una especie de regulación para ‘delitos digitales'”.
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Los directivos de la SIP aconsejan a representantes de los gobiernos que antes de legislar compulsivamente sobre materia de redes sociales tomen contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entidades que crearon en años recientes varios documentos sobre libertad de expresión digital y que además han convocado a un diálogo regional y a una audiencia pública sobre internet y contenidos en las redes sociales para el próximo 25 de marzo.
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