La iniciativa de reforma energética enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados cancela los cambios legislativos en el sector aprobados en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, e impulsa la creación de una súper Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pierde su calidad de Empresa Productiva del Estado y asume la calidad de autoridad energética.
La propuesta anunciada este viernes por el jefe del Ejecutivo federal no sólo fortalece a la CFE, sino que también promueve la desaparición de autoridades regulatorias en el sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
La iniciativa reforma los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y el noveno transitorio para desaparecer los contratos de autoabastecimiento, incorporar a los órganos reguladores a la Secretaría de Energía (Sener) e integrar a las subsidiarias CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital y al Cenace a la paraestatal encabezada por Manuel Bartlett. “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”, señala el documento.
De acuerdo con la iniciativa, tras la cancelación de todos los contratos de compraventa, la CFE se convierte “en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control”, es decir, deja de ser Empresa Productiva del Estado.
Ramses Pech, analista del sector, advirtió que este cambio legislativo significa que ya no habría igualdad de competencia en la industria ya que la CFE, al convertirse de nuevo en una empresa estatal, pretende tener el monopolio de toda la cadena del mercado eléctrico. “La instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa, requiere la cancelación de todos los permisos de generación de eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”, dice la iniciativa.
De acuerdo con el Artículo segundo transitorio, la CFE deberá de proveer al menos 54 por ciento de la energía requerida y podrá comprar a los privados hasta 46 por ciento, mientras se pueda mantener el control de precios.
Además, la propia paraestatal será quien determinará las tarifas de distribución y transmisión así como las tarifas para usuarios finales y tendrá la capacidad de rechazar la compra de energía proveniente de los permisos de autoabastecimiento porque la califica, de manera retroactiva, como ilegal luego de la nueva reforma.
Para analistas del sector, esta iniciativa significa un detrimento para el sector y una expropiación indirecta.
Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, advirtió que la CFE no podrá cubrir la demanda que haga falta con la supresión de los contratos y permisos, por lo que podrá adoptar las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en la reforma.
“Eso es justamente lo que abre espacio para una expropiación indirecta, una redistribución administrativa, conforme al objetivo que sería, en este caso, la continuidad del sistema y obviamente lo que estarían haciendo es decir ‘yo puedo hacerme cargo de tu planta, yo opero tu planta en lo que esto se normaliza’, y eso de normalizar es una definición que no te pone plazos, no te pone tiempos, no te dice si te van a pagar o no”, refirió el especialista. Con información de Juan Luis Ramos y Jacob Sánchez
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