Para que la orden de desafuero proceda en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será necesario contar la ratificación del Congreso del Estado, de acuerdo con un reglamento aprobado por la legislatura local de mayoría panista.
Fue el pasado 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso de la Unión la Declaratoria de Procedencia en contra del mandatario panista, señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tres días después, el Congreso ratificó la petición de desafuero y se activó este proceso.
Ayer martes 2 de marzo, la LXIV legislatura de Tamaulipas aprobó un reglamento que señala que serán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los diputados locales quienes determinarán la decisión de avalar la solicitud de desafuero.
El proceso será adversarial, lo que significa que las autoridades recibirán todas las pruebas a favor y en contra del ciudadano con solicitud de desafuero; lo que permitirá el derecho de que se le acuse y se defienda.
Esto dará paso a que una Comisión Instructora revise toda la información y mediante una aprobación de mayoría absoluta se defina a proceder penalmente o no en contra del indiciado, cuya resolución debe ser avalada por el Congreso Local.
La legisladora local por Tampico, Rosa González Azcárraga, declaró a El Sol de Tampico que hasta el momento el Congreso tamaulipeco no ha recibido una solicitud formal de desafuero del gobernador, sino un aviso oficial de investigación.
“Lo que recibimos fue una notificación nada más de que se estaba preparando la solicitud de procedencia por parte del Congreso de la Unión, pero no hemos recibido su solicitud formal”, informó.
Aseguró que este reglamento que fue aprobado de forma rápida surge debido a que no se contaba con antecedentes sobre este tipo de solicitudes.
“De manera muy sencilla, aprobamos el procedimiento a seguir; una vez que llegue la solicitud de procedencia del Congreso de la Unión, el Congreso del Estado va a forma una comisión instructora, que va a ser adversatoria”, apuntó.
Agregó que en caso de que concediera el desafuero, sería el mismo Congreso quien definiría a la persona que lo sustituiría
“Nosotros vamos a decidir de acuerdo con las pruebas que se nos presenten y si hay una votación unánime, vamos a decir si procede el desafuero o no”, señaló.
“En caso de que no, se rechaza la solicitud y todos seguimos trabajando. Existe en la constitución, pero no en la del estado porque no se ha recibido alguna solicitud”, sostuvo.
Apenas el día de ayer el gobernador García Cabeza de Vaca dio a conocer que había sido notificado oficialmente de este proceso, indicando que los hechos que motivan la solicitud se suscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales “derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en mis declaraciones patrimoniales, como en las de mi esposa, a finales del 2019”, detalló el mandatario tamaulipeco.
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Describió que la imputación de lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, “mientras que la supuesta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”.
Insistió en que todas esas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos.
García Cabeza de Vaca descartó que la investigación en México esté ligada a averiguaciones en Estados Unidos, “la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos”.
En el comunicado dado a conocer ayer negó que se le acuse de huachicoleo y narcotráfico, “a diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles, narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente”.
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