El gasto militar en México ha experimentado un aumento asombroso en los últimos años, alcanzando incrementos históricos que superan el 120%. Este fenómeno, marcado por una notable falta de transparencia, ha encendido las alarmas en torno al uso de fideicomisos, convenios y mecanismos extrapresupuestarios que expanden el poder financiero de las Fuerzas Armadas. Según un informe reciente, el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se disparó de 129,259 millones de pesos en 2023 a 286,309 millones en 2024.
Daniela Osorio, analista de datos de una prominente ONG, subrayó que el gasto militar se sitúa por encima del promedio global de 37%, posicionando a México como el segundo país con mayor gasto militar en América Latina y el Caribe para 2024. Lo preocupante es que este aumento de recursos no solo se dirige a la defensa y seguridad, sino que también se extiende a la administración de infraestructura estratégica, proyectos ferroviarios, aeroportuarios y portuarios. Esta tendencia ha dado origen a lo que se puede clasificar como una “militarización administrativa”.
El informe detalla un incremento real de más del 313% en el presupuesto de la Sedena entre 2006 y 2024, pasando de 69,230 millones de pesos a 286,309 millones. La Secretaría de Marina (Semar) también ha visto un crecimiento significativo, con un aumento de aproximadamente 226% en el mismo periodo, al pasar de 24,369 millones a 79,335 millones de pesos. Aunque los gastos militares experimentaron reducciones en 2025 y 2026, los niveles siguen siendo significativamente superiores a los registrados antes del actual sexenio.
Esta situación se complica aún más por la creciente autonomía financiera que han logrado las instituciones militares a través de fideicomisos públicos. Al cierre de 2025, la Sedena y la Semar administraban conjuntamente nueve fideicomisos, con un total de 87,706 millones de pesos. El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) es particularmente notable, con 52,330 millones de pesos, representando el 76.8% de los recursos fiduciarios de la Sedena.
La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia en marzo de 2025 ha agravado el panorama, limitando aún más el acceso a la información sobre el actuar militar. Esto, sumado a la utilización de mecanismos extrapresupuestarios, contribuye a una opacidad que dificultará la supervisión de las instituciones castrenses.
El informe advierte que esta creciente capacidad financiera no es un accidente causado por las políticas de seguridad, sino parte de una estrategia deliberada de acumulación de poder y permanencia. Para revertir esta tendencia, es fundamental restablecer controles democráticos en la administración del presupuesto público, independientemente de quién lo gestione.
Frente a esta situación, la sociedad civil se enfrenta a un considerable reto: demandar transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a la defensa nacional, garantizando que el incremento del gasto militar no comprometa la gobernanza y el bienestar de la población.
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