A nueve meses de la extradición de Emilio N a nuestro país, las acusaciones por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, siguen en el “limbo”, luego que en enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciaría la judicialización de las carpetas de investigación en contra de servidores públicos y políticos de la administración pasada.
El Ministerio Público (MP) tiene hasta el 15 de abril para definir ante un juez federal si acusa formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), o acepta otorgarle un criterio de oportunidad, que le permita seguir libre en calidad de testigo colaborador.
En las declaraciones que Emilio N hizo ante el MP en agosto pasado, mencionó el nombre de al menos 70 personas que habrían participado en diversos delitos, pero hasta el momento la Fiscalía no los ha acusado formalmente.
La única carpeta de investigación que se ha judicializado por este caso es la del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, acusado de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, al documentarse movimientos por 60 millones de pesos.
Sin embargo, el día de la audiencia de presentación de cargos, la FGR pidió más tiempo para perfeccionar la carpeta de investigación.
Quien fuera uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, España, el 12 de febrero de 2020 y en marzo fue trasladado al Centro Penitenciario de Madrid, en cumplimiento a una orden de detención con fines de extradición dictada por un juez federal en 2019, tras ser acusado de haber aceptado 10 millones de dólares a cambio de otorgar contratos de obra pública a la empresa brasileña Odebrecht.
El 17 de julio de ese año, el exdirector de Pemex llegó a Ciudad de México proveniente de España para ser puesto a disposición de un juez de control del Reclusorio Norte y enfrentar acusaciones de lavado de dinero y sobornos por el caso Odebrecht.
No obstante, la FGR informó que el exdirector de Pemex fue internado en un hospital de la Ciudad de México por problemas en su salud. Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Emilio N se convertiría en testigo colaborador.
Sin pisar la cárcel, el político mexicano tuvo su primera audiencia desde un hospital privado ante el juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza, donde la FGR pidió seis meses para el cierre de la investigación ya que requería de mayores datos de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de apertura de cuentas en el extranjero, datos del Servicio de Administración Tributaria, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de México, y solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información de la empresa financiera de Tochos Holding.
Por motivos de la emergencia sanitaria, la audiencia ha sido pospuesta hasta el 15 de abril.
En sus acusaciones, el Ministerio Público menciona que el empresario mexicano Alonso N, también detenido, habría sobornado con tres millones de dólares a Emilio N, lo que habría derivado después en la compra por parte de Pemex de la planta chatarra.
En agosto pasado, el exsecretario de Pemex acusó oficialmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenar varios casos de sobornos por un total de más de 500 millones de pesos.
López Obrador afirmó que el político priista, “acusó a diestra y siniestra, están como 70 personas implicadas, expresidentes, él denuncia. Tres expresidentes, a Salinas, no como expresidente sino como cabildero o gestor del PAN”.
Entre los políticos que aparecen en la carpeta de investigación destacan el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; el excandidato presidencial Ricardo Anaya; el exsenador Ernesto Cordero; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle Maury, ex senador panista.
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En enero pasado Lavalle Maury iba a comparecer ante un juez federal por el caso Pemex, pero la FGR pidió aplazar la audiencia con el argumento que necesitaba más tiempo para perfeccionar la carpeta de investigación.
“La próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados”, informó en enero pasado el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sin que hasta el momento ninguno de los mencionados en las investigaciones haya sido llamado a declarar.
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