La Coordinación de Derechos Humanos de Oaxaca, dirigida por Flor Estela Morales Hernández, ha sido reconocida por ACNUR por sus esfuerzos en abordar los desplazamientos forzados internos en el estado. Morales, en diálogo desde el Palacio de Gobierno estatal, señaló que este reconocimiento valida las políticas implementadas bajo la administración del gobernador Salomón Jara, enfocadas en los desafíos que enfrentan las familias que han retornado a sus hogares y la necesidad de establecer una convivencia pacífica para prevenir nuevos brotes de violencia.
A partir de 2024, el gobierno estatal iniciará la construcción de una ley destinada a prevenir y reparar el desplazamiento forzado. Morales destacó que ACNUR ha respaldado técnicamente el proceso, asegurando que se alineara con los estándares internacionales sobre consultas a pueblos y comunidades indígenas. Este reconocimiento no solo enfatiza la importancia del retorno seguro de las familias a sus tierras, sino que también subraya el compromiso de hacerlo de manera duradera.
Oaxaca, ahora el quinto estado en aprobar una ley sobre este tema, se mueve en una dirección distinta a otras regiones del país. La legislación se ha desarrollado a partir de un proceso consultivo amplio que involucró a víctimas, autoridades locales y representantes agrarios, asegurando de este modo que todas las voces fueran escuchadas y consideradas.
Actualmente, el gobierno estatal ha identificado 23 casos de desplazamiento interno, que, en su mayoría, han resultado de conflictos agrarios. Según Morales, a diferencia de otros estados donde el crimen organizado puede ser un factor significativo en el desplazamiento, en Oaxaca predominan las disputas territoriales entre comunidades.
La política de retorno se centra en la construcción de paz y el diálogo como ejes fundamentales. A partir de marzo de 2023, se han entablado conversaciones en comunidades como Guadalupe Victoria, donde familias desplazadas desde 2017 están comenzando a regresar. Este proceso no solo busca facilitar la reubicación, sino también sensibilizar a todas las partes involucradas sobre los efectos perniciosos de la violencia, especialmente en niños y jóvenes.
El retorno debe ser un esfuerzo concertado que comience con el diálogo y que incluya garantías para la convivencia pacífica. Con la reciente inauguración de un centro multiservicios, las autoridades están mejor equipadas para dar seguimiento a las iniciativas de reconstrucción del tejido social y a la atención a las familias retornadas.
Oaxaca podría enfrentar serios retos en comparación con otros estados debido a la falta de una ley general sobre desplazamiento forzado. Cada caso de desplazamiento es único y requiere un enfoque adaptado a las especificidades culturales y contextuales de las comunidades indígenas.
Además de su enfoque en desplazamientos internos, la Coordinación de Derechos Humanos también aborda otros temas críticos, como la defensa de los derechos de periodistas, defensores de derechos humanos, y la atención de víctimas de trata de personas. La complejidad y diversidad de la agenda de derechos humanos en Oaxaca demuestra la necesidad de un enfoque integral, ya que no todos los conflictos generan desplazamiento, pero todos requieren diálogo y resolución pacífica.
En un panorama más amplio, el contexto migratorio ha sido igualmente afectado por las políticas internacionales. La dependencia estatal colabora con la Secretaría de Gobierno para atender los retos derivados del retorno de migrantes y la situación en Estados Unidos. Aunque se temía que la nueva administración de Donald Trump podría disparar las deportaciones, el flujo ha sido menor al esperado, gracias en parte a las redes de apoyo establecidas por la comunidad oaxaqueña en el extranjero y la política federal que ha mitigado represalias más severas.
La gestión de desplazamientos forzados y su corrección en Oaxaca es un ejemplo claro de cómo la política pública puede buscar no solo resolver los problemas inmediatos, sino también sentar las bases para una paz duradera y una convivencia armónica entre comunidades en un estado marcado por la diversidad cultural y la complejidad social.
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