La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, coincidió con el sector privado en que “se pueden sugerir modificaciones a la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso” sobre la subcontratación, tras asegurar que deben buscarse equilibrios entre las necesidades de desarrollo, inversión y competitividad de las empresas con los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Durante los Foros sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas, en el marco de la Iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, los diversos organismos empresariales, tanto nacionales como de empresas extranjeras establecidas en México y representantes del sector social expresaron sus preocupaciones acerca de que los cambios propuestos saquen del mercado a muchas empresas.
Al respecto, Alcalde afirmó: “Necesitamos una reforma que deje clarísimo qué se vale y que no se vale, necesitamos claridad, esto se puede, esto no se puede, dar estabilidad y por supuesto proteger a las empresas y a los trabajadores”.
En ese sentido, hubo coincidencia en que de las conclusiones de estos foros se pueden sugerir modificaciones a la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso “para incorporar compromisos de mantener y mejorar la productividad por parte de los trabajadores, dado que eso implica contar con empresas más sólidas y economías más fuertes”.
Los participantes del sector privado, como el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (EEG), el sector empresarial como la Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Canacintra, Coparmex, Concanaco, Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y representantes del sector social y la academia, están de acuerdo en que debe permitirse la subcontratación en actividades que no sean la principal de una empresa y en acciones complementarias para la misma.
Asimismo, tomando en cuenta que hay situaciones especiales, consideran que también en casos específicos debe permitirse la subcontratación también en la actividad principal de la empresa, además de que la reforma que se llegue a aprobar, debe entrar en vigor el 1º de enero de 2022.
Los empresarios ponen ejemplos para entender estos conceptos: el hecho de que una farmacéutica subcontrate actividades complementarias, que se encuentran en su propio objeto social, no puede entenderse como una “simulación”, pues se encuentra plenamente justificada la necesidad de producir más rápido y de manera más eficiente un medicamento/vacuna en ciertos momentos.
La posibilidad de conformar un sistema de producción más eficiente existe en la Ley Federal del Trabajo al permitir la subcontratación, pero de eliminarla significaría que una empresa que necesita incorporar a su negocio los recursos técnicos, humanos y de maquinaria que le ofrecería otra empresa, no podría hacerlo.
Subcontratar, han expresado los sectores, empresarial y social, permite la creación de un sistema de producción más fortalecido y eficiente, que resulta en que las empresas mexicanas y extranjeras compitan con fórmulas financieramente más sanas, lo que da como resultado mayores empleos y en un impulso al propio ciclo económico mexicano.
En ocasiones, es necesario que una empresa subcontrate parte de su actividad esencial con otra empresa que represente una mejora en la calidad de sus productos, en su técnica, tecnología y proceso.
Así, al subcontratar a otra compañía, le permite a las empresas competir con lo que sus clientes requieren, sin que ello signifique simulación alguna, posibilidad que con la iniciativa que prohíbe la subcontratación quedaría eliminada.
Es de todos conocido, que las empresas elaboran planes presupuestales y fiscales anualizados. Cualquier modificación o reforma en donde deban cambiar su operación significa la modificación a su plantilla de personal, a sus presupuestos, a sus planeaciones, lo que impacta negativamente inclusive a sus órdenes de compra y de producción, por lo que llevar a cabo este tipo de cambio de “reglas de juego” a mitad del año calendario resultaría caótico. Por ello, en caso de aprobarse esta reforma debería iniciar su vigencia en enero de 2022, propuso el sector privado.
Se presume que parte de la iniciativa contendrá reformas en materia de PTU, por lo que aplicar reglas para el pago de utilidades para ciertos meses del año, y para los restantes unas diferentes, sería prácticamente imposible, dijeron.
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