Los últimos avances en los casos contra altos cargos del PRI se han producido más en el terreno superficial de las sanciones administrativas, golpes impulsados por el Gobierno, que en las decisiones de fondo de los tribunales. Este martes, la Secretaría de la Función Pública anunciaba la inhabilitación durante 10 años de Luis Videgaray, el hombre fuerte del expresidente Enrique Peña Nieto, por irregularidades y ocultación de información sobre su patrimonio. Esta semana se conocía también que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, prepara la sexta denuncia contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.
Los dos movimientos contrastan con la opacidad y falta de transparencia con la que se desarrolla el proceso judicial contra Lozoya, detenido hace más de un año, así como el estancamiento del juicio contra la exsecretaria Rosario Robles, la única mandataria priista en prisión por la mega trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra. Todo esto, en medio de una resaca electoral que ha colocado al PRI en una posición privilegiada como posible socio de Morena en el Congreso y con la consulta para juzgar a los expresidentes, prevista para el 1 de agosto, como nuevo hito en el horizonte cercano.
Hasta en dos ocasiones ha presentado ya la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de detención contra Videgaray por el caso Odebrecht, según un informe filtrado en noviembre. En ambas ocasiones, los jueces las han desestimado de momento por cuestiones de forma, pero el cerco de la Justicia se estrecha cada vez más contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campaña de Peña Nieto en 2012, sobre el que también sobrevuela la diana de la Fiscalía.
Videgaray tiene dos frentes judiciales abiertos: las acusaciones por parte de Lozoya de ser el responsable, junto con el expresidente, de recibir y gestionar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht; y las acusaciones de otro alto funcionario priista de ordenar el desvío de recursos millonarios de los programas sociales contra el hambre para comprar votos y financiar actos de campaña del PRI. Pero de momento solo pesa sobre él la inhabilitación administrativa para ocupar un cargo público por una década debido a “la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”, según el comunicado de la Secretaría de la Función Pública, el ministerio que fiscaliza las irregularidades administrativas.
El nudo del proceso judicial sobre la ramificación de la red de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht también permanece paralizado. Lozoya fue detenido en febrero del año pasado en una urbanización de lujo en España. Extraditado a México el 29 de julio, el exdirector de Pemex fue finalmente imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Desde entonces, el caso se desarrolla entre escasa transparencia y la polémica causada por los beneficios otorgados al político a cambio de colaborar con la Justicia. Como parte del acuerdo, Lozoya ha acusado a la cúpula del PRI durante el sexenio de Peña Nieto de recibir y destinar unos 500 millones de dólares a la campaña electoral de 2012 y a la compra de votos de congresistas de la oposición para asegurar la aprobación de la polémica reforma energética. Mientras se acrecenta el temor de que el escándalo de corrupción, con repercusiones en los equilibrios políticos de México, quede impune, la única novedad sobre el caso es la nueva denuncia anunciada por la UIF, que acusa a Lozoya de operar una red de empresas fachadas en colaboración con Odebrecht para desviar otros 200 millones de dólares.
También está estancado el juicio contra Rosario Robles, la única exministra de Peña Nieto encarcelada, desde 2019, por su implicación en una mega trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra, perpetrada durante los años del Gobierno anterior y que rondaría los 400 millones de dólares. A principios de año, la defensa de la exsecretaria tanto de Desarrollo Social como de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, comenzó a negociar con Fiscalía un acuerdo para reducir su pena a cambio de declararse culpable de los delitos que se le imputan, ejercicio indebido del servicio público y omisión, que a la postre habrían permitido los desvíos millonarios. Hace dos meses, en un nuevo giro de la defensa, Robles se declaraba de nuevo inocente echando por tierra el posible acuerdo con la Fiscalía y devolviendo la pelota al punto de partida: la acusación de 21 años de prisión y el pago de 250 millones de dólares como resarcimiento del daño.
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