Del 26 al 29 de mayo de 2026, el Congreso de la Unión se reunió en periodo extraordinario para abordar importantes reformas constitucionales, marcando un paso significativo en el panorama político de México. Encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el diputado morenista Ricardo Monreal Ávila, estas iniciativas han sido objeto de intenso debate y reflexión.
La primera reforma, presentada por la presidenta Sheinbaum, busca aplazar la elección judicial prevista para 2027 hasta 2028. Una de las modificaciones clave de esta propuesta establece que la revocación de mandato se llevará a cabo el primer domingo de junio del cuarto año de cada periodo constitucional, asegurando que no haya coincidencias de fechas con elecciones intermedias o presidenciales.
El 27 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma con una mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. El dictamen, que permite que magistrados en funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan buscar reelección, fue posteriormente discutido y aprobado en el Senado el 29 de mayo, con 87 votos a favor y 40 en contra.
Adicionalmente, durante esta misma sesión, los diputados dieron luz verde a la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Esta nueva instancia, compuesta por tres consejeros electorales elegidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) por un periodo de tres años, tiene la tarea de evaluar los perfiles de quienes deseen postularse a cargos de elección popular. La colaboración con diversas actividades de seguridad y justicia será crucial para determinar la viabilidad de estas candidaturas en un contexto donde la integridad electoral es primordial.
Otro punto destacado fue la reforma promovida por Ricardo Monreal, que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones ante la injerencia extranjera. La Cámara de Diputados debatió sobre los posibles peligros que esta injerencia puede representar para la democracia, destacando casos de desinformación y manipulación que pueden influir en los resultados electorales. Esta reforma también fue aprobada en el Senado el mismo día, con 85 votos a favor y 42 en contra.
Sin embargo, el análisis de otra reforma relacionada con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue aplazado, lo que sugiere que se buscará un mayor consenso en torno a su contenido antes de su debate definitivo.
En resumen, estas reformas marcan un momento crucial en la regulación del proceso electoral en México, evidenciando el deseo de reforzar la integridad y la transparencia en la democracia, así como de ajustar las fechas de elecciones clave para evitar conflictos. A medida que avanza este periodo legislativo, las implicaciones de estas decisiones seguirán siendo objeto de análisis y discusión en el ámbito político y social del país.
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