La inversión es el pilar fundamental para el crecimiento económico, tanto a nivel empresarial como nacional. Sin embargo, esta realidad parece ser ignorada por ciertos gobiernos, especialmente aquellos de tendencia izquierdista. En un contexto donde la evidencia abunda, se observa que tales administraciones suelen priorizar el gasto corriente o la extracción de recursos, en lugar de fomentar el desarrollo de las capacidades productivas de la nación.
Históricamente, la falta de una visión a futuro ha llevado a países enteros a un empobrecimiento silencioso. Ejemplos extremos se pueden observar en naciones como Cuba y Venezuela, así como en diversos puntos de Europa. En México, la situación actual es preocupante: el nivel de inversión es el más bajo registrado, alcanzando apenas el 22.9% del PIB. De esta cifra, un impresionante 86% proviene del sector privado, mientras que la participación pública es mínima.
Los últimos gobiernos han tomado decisiones que, si bien buscan lograr ciertos objetivos a corto plazo, implican dejar de lado inversiones vitales. Esto ha llevado a sacrificar recursos en áreas críticas como educación, salud y servicios públicos. Proyectos de infraestructura han sido financiados con deuda, pero muchos de ellos no están generando la rentabilidad esperada, lo que resulta en pérdidas diarias significativas.
En contraste, el sector privado ha dirigido su inversión hacia la creación de parques industriales y oficinas, buscando aprovechar las oportunidades del “nearshoring”. Sin embargo, este enfoque ha tenido resultados decepcionantes para la economía mexicana. El estado enfrenta una disyuntiva complicada: no tiene los recursos necesarios para financiar al mismo tiempo el crecimiento de los programas sociales, el envejecimiento de la población que genera presiones sobre las pensiones, y el creciente pago de intereses de la deuda acumulada.
Además, las promesas del sector privado de invertir cientos de miles de millones de pesos están a la espera de un contexto más favorable. La falta de un Estado de derecho sólido, el control de los poderes judiciario y legislativo por parte del ejecutivo, y la posibilidad de cambios legislativos abruptos han disuadido a los inversionistas.
En última instancia, esta falta de inversión representa un freno al desarrollo y condena a millones de mexicanos a un futuro incierto. Sin un cambio de rumbo que priorice la inversión en infraestructura y el fortalecimiento del Estado de derecho, el camino hacia un crecimiento sostenible y equitativo se torna cada vez más complicado.
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