La situación del desplazamiento forzado interno en México continúa generando preocupación y debate en el ámbito legislativo. A pesar de que durante casi tres décadas, todas las fuerzas políticas han impulsado iniciativas en las cámaras de Senadores y Diputados, un marco legal que garantice la protección de quienes abandonan sus hogares por motivos de seguridad pública sigue estancado. Las causas del desplazamiento son diversas, abarcando desde la violencia de género hasta conflictos relacionados con recursos naturales, desastres naturales y discriminación.
En 2020, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados hizo un avance significativo al aprobar por unanimidad la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Esta iniciativa fue enviada al Senado el 30 de abril del mismo año, donde, a pesar de su gran relevancia, no logró ser discutida ni votada por el pleno. Las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda no avanzaron en la aprobación del decreto requerido.
Con la reciente conclusión de la LXV Legislatura, el 25 de abril de 2024, la mencionada minuta fue determinada como “asunto concluido”. Esto significa que el debate sobre esta crucial ley tendrá que reiniciarse desde cero en cualquiera de las dos cámaras del Congreso, un retroceso que desanima tanto a legisladores como a defensores de derechos humanos.
Más alarmante aún es el aumento constante de casos de Desplazamiento Forzado Interno. Recientemente, familias enteras del municipio de Chilapa, Guerrero, se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia generada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, específicamente entre los autodenominados Ardillos y Tlacos. Este caso se suma a una larga lista de incidentes que evidencian la urgencia de una respuesta legislativa efectiva.
Desde 1998, se han presentado más de diez iniciativas en este ámbito, promovidas por representantes de distintos partidos políticos, incluidos Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, MC y el desaparecido PRD. La minuta aprobada en 2020 fue respaldada por los coordinadores de ocho grupos parlamentarios, lo que refleja un consenso sobre la importancia de abordar este problema, aunque las acciones efectivas sigan ausentes.
La exposición de motivos de la legislación finalmente aprobada en la cámara baja señalaron que “una causa particularmente reciente” del desplazamiento ha sido el incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico. Este fenómeno no solo se manifiesta a través de la violencia directa, como secuestros y extorsiones, sino también en amenazas y desapariciones que afectan a comunidades enteras.
A medida que se retrasa la aprobación de un marco legal que aborde estas cuestiones, el sufrimiento de quienes se ven obligados a dejar sus hogares sigue intensificándose. La falta de acción legislativa no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que ignora la urgencia de una respuesta integral a un problema que afecta a miles de mexicanos. La necesidad de reconstruir este debate en el Congreso es no solo un imperativo político, sino una cuestión de derechos humanos que no puede ser ignorada por más tiempo.
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