La defensa de la competencia es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de las economías de mercado. Su propósito prioritario radica en prevenir comportamientos empresariales que puedan limitar la rivalidad entre firmas, como la colusión, el abuso de la posición dominante y las fusiones anticompetitivas. Este enfoque no solo busca garantizar un entorno competitivo, sino que también se alinea con la promoción de la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.
En Perú, la defensa de la competencia está consagrada en la Constitución Política de 1993, que establece el compromiso del Estado de facilitar y supervisar la libre competencia. Sin embargo, contar con un marco normativo sólido por sí solo no garantiza mercados efectivos. La verdadera dinámica de la competencia depende de diversos factores, tales como la calidad institucional, la regulación sectorial y la estructura productiva del país.
La teoría económica ha vinculado históricamente la competencia con la eficiencia. En un mercado idealmente competitivo, los precios se alinean con los costos marginales, lo que permite una asignación eficiente de recursos. Contrariamente, cuando una empresa ejerce poder de mercado, puede optar por reducir la producción y aumentar los precios, generando pérdidas de bienestar conocidas como ineficiencias irrecuperables. Este fenómeno no solo impacta de manera estática en precios y cantidades, sino que también tiene implicaciones dinámicas, fomentando la innovación y el progreso tecnológico. La noción de “destrucción creativa”, popularizada por Schumpeter, sugiere que la competencia estimula la aparición de nuevas empresas y tecnologías que desplazan a los modelos de negocio existentes.
En economías emergentes como Perú, la competencia es vital para mejorar la productividad total. Investigaciones indican que en mercados con mayor rivalidad se observan niveles más altos de eficiencia, ya que las empresas menos competitivas tienden a ser reemplazadas por aquellas más efectivas. Por ende, la política de competencia no debe limitarse a sancionar conductas anticompetitivas, sino que también debe ser vista como un instrumento para facilitar la entrada de nuevos jugadores en el mercado, impulsar la innovación y mejorar el rendimiento del sector.
Frente a estos desafíos, es fundamental que la política de competencia sea parte integral de la agenda económica del próximo gobierno peruano. Primero, se debe fortalecer la capacidad institucional de la autoridad encargada. Esto implica asegurar su autonomía técnica, proporcionar los recursos adecuados y garantizar la estabilidad necesaria para adoptar decisiones regulatorias sólidas. Asimismo, se debe profundizar en la política de abogacía de la competencia, donde la autoridad evalúa y recomienda modificaciones a las regulaciones vigentes para eliminar barreras que obstaculicen la entrada de nuevas empresas.
Además, la lucha contra los carteles empresariales requiere atención prioritaria. La colusión puede resultar en sobreprecios significativos en sectores clave, afectando tanto a los consumidores como al Estado. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), combatir las licitaciones colusorias es una medida esencial, dado que representan una parte considerable del gasto público en Perú.
Finalmente, para que sectores cruciales de la economía peruana puedan operar bajo condiciones competitivas efectivas, es imperativo que los principios de defensa y promoción de la competencia se integren transversalmente en diferentes áreas del gobierno. Esto debe abarcar desde la elaboración normativa hasta las políticas de innovación y desarrollo empresarial, así como en los procesos de contratación pública.
En suma, en el paisaje económico actual, la defensa de la competencia se posiciona como un componente clave no solo para fomentar un entorno más justo y competitivo, sino también para asegurar un crecimiento económico sostenible que beneficie a todos los ciudadanos. La acción coordinada y consciente de las autoridades permitirá fortalecer el tejido empresarial del país hacia un futuro más próspero y equitativo.
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