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El Ministerio del Interior conserva los archivos del antiguo Ministerio de la Gobernación, con competencias en administración penitenciaria, policía, vigilancia de disidentes… y por tanto, información muy valiosa para los historiadores que se dedican a investigar la represión franquista, así como para los propios familiares de los represaliados. En la teoría y según la propia normativa vigente, los documentos del Archivo General del Ministerio del Interior, “salvo excepciones aprobadas por la comisión calificadora”, no pueden superar los 30 años de antigüedad porque a partir de ese momento deben ser custodiados en un archivo especializado (histórico o intermedio), pero fuentes del ministerio admiten que conservan documentos del siglo XIX y que las transferencias hechas al Archivo General de la Administración (AGA) no llegan ni al 10% del volumen total de lo que tienen. El propio ministro, Fernando Grande—Marlaska, anunció recientemente la digitalización en los próximos dos años de un millón de documentos procedentes de fondos penitenciarios y policiales que, en realidad, no deberían estar ya allí, según admite Interior. El proceso cuenta con un presupuesto estimado de unos 400.000 euros.
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