Enrique Inzunza, una figura que ascendió sin freno en el Poder Judicial de Sinaloa, se vio catapultado a la esfera política en 2021 cuando el nuevo gobernador, Rubén Rocha, lo nombró secretario de Gobierno. Con Sinaloa bajo el control de Morena, luego de arrebatarle al PRI el poder, Inzunza se adaptó rápidamente a su nuevo entorno político. Su afiliación al partido coincidió con un crecimiento meteórico: en tan solo dos años se convirtió en senador, adoptando una postura firme y leal al movimiento guinda. En sus planes estaba el ambicioso objetivo de postularse a la gubernatura de Sinaloa.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando el 29 de abril de 2026, Estados Unidos acusó a Inzunza, junto con Rocha y otros ocho funcionarios, de mantener vínculos con el crimen organizado. Esta noticia ha causado un impacto profundo en la relación entre los mandatarios y sus colaboradores. La inminente caída del idilio político se evidenció cuando, en una conferencia, se le preguntó a Rocha si defendería a alguno de sus funcionarios. Su respuesta fue clara: “No, no. Cada quien, por sí mismo”, dejando entrever el fin de la añeja lealtad entre estos políticos.
Cinco años separan el ascenso de Inzunza de la pregunta que ahora resuena en el aire, marcando un giro inquietante en sus aspiraciones. Este caso subraya la compleja y a menudo peligrosa intersección entre política y criminalidad en Sinaloa, originando un clima de incertidumbre y especulación sobre el futuro de estos funcionarios. La lección es clara: en la esfera política, la confianza puede desvanecerse en un instante.
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