El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha hecho frente a las acusaciones de la justicia estadounidense que lo vinculan con el crimen organizado, declarando este jueves que no tiene intención de renunciar a su cargo. En una visita al municipio de Navolato, a aproximadamente 30 kilómetros de Culiacán, Rocha Moya fue categórico al afirmar: “No”, cuando los periodistas le preguntaron si daría un paso al costado debido a la investigación. A sus 76 años, el gobernador ha visto su nombre mencionado en un caso que involucra a un fiscal de Nueva York y a la DEA, donde se han señalado a otros nueve altos funcionarios sinaloenses, incluidos un senador y el alcalde de Culiacán.
Las denuncias desde Estados Unidos representan un duro golpe para la narcopolítica en México, dirigidas contra autoridades en ejercicio. Las acusaciones sugieren que estos funcionarios estarían conspirando con líderes del Cartel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha Moya, sin embargo, se defiende asegurando que no tiene “nada que temer”, considerándose “una persona completamente limpia”. Además, ha recibido el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado la solidez de las evidencias presentadas por Estados Unidos en busca de su extradición.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió rápidamente, indicando que los documentos entregados carecen de elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los involucrados. Al día siguiente de la solicitud formal de detención provisional enviada desde Estados Unidos, la Cancillería informó que la Fiscalía General de la República (FGR) evaluará la documentación para verificar la existencia de pruebas válidas contra los acusados. Las responsabilidades que se contemplan en las acusaciones podrían acarrear condenas de hasta 40 años de prisión o cadena perpetua.
En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. Rocha Moya fue proactivo al rechazar “categórica y absolutamente” las acusaciones, argumentando que se trata de un ataque a su gestión y a la soberanía nacional. Esta misma defensa fue asumida por otros acusados, como el senador morenista Enrique Inzunza, quien vinculó la decisión de la justicia estadounidense con un ataque a la Cuarta Transformación y a su partido, señalando que estas acciones buscan socavar el liderazgo de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A medida que esta situación se desarrolla, las implicaciones de estas acusaciones no solo resuenan a nivel local, sino que también abarcan un espectro más amplio de la política y la seguridad en México. La audiencia pública y la respuesta del gobierno seguirán siendo clave en este proceso, mientras las pruebas se analizan y el clima político se mantiene tenso en Sinaloa y más allá.
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