Nuevas tensiones entre México y Estados Unidos están agudizándose en ámbitos críticos para el clima de negocios. La administración estadounidense ha expresado su preocupación por la reforma judicial en México, enfatizando la necesidad de garantizar la independencia de los jueces. A esta inquietud se suma el descontento de grandes multinacionales estadounidenses, que han denunciado un acoso fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), creando un ambiente de incertidumbre jurídica.
El partido gobernante, Morena, ha planteado la necesidad de revisar la reforma judicial creada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo posponer la próxima ronda de elecciones judicativas para evitar que coincidan con las elecciones intermedias del próximo año. Sin embargo, la propuesta parece reflejar, en parte, las preocupaciones manifestadas por el sector empresarial sobre la falta de controles efectivos para evaluar a los jueces. Para abordar estas inquietudes, se han introducido nuevos mecanismos que incluirían exámenes y certificaciones de la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como requisitos de experiencia profesional más extensos.
Mientras esta propuesta se encuentra en trámite legislativo, la crítica por parte de Estados Unidos se ha intensificado. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, ha señalado un rezago en las inversiones, demandando “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” como condiciones esenciales para continuar el flujo de capital. Asimismo, multinacionales han reportado haber enfrentado auditorías fiscales agresivas que dificultan el acceso a derechos tributarios legítimos.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC), que incluye a empresas como Amazon, Ford e IBM, ha argumentado que se han implantado exigencias de pago para acceder a los procesos de apelación, así como requerimientos injustificados por parte del SAT para la entrega de información sensible. Estas situaciones han llevado a muchas compañías a sentir que cuentan con menos opciones para obtener justicia ante los excesos del SAT, especialmente tras los cambios legislativos que limitan la independencia del sistema judicial mexicano.
Aunque Estados Unidos no ha criticado la elección judicial en sí misma, ha subrayado la importancia de contar con jueces capacitados e independientes, ajenos a la influencia de grupos criminales o poderes externos. Esta inquietud ha incentivado a los inversionistas a revisar sus contratos y a incorporar cláusulas que contemplen mecanismos de resolución de conflictos, incluidos arbitrajes internacionales. Sin embargo, para muchas empresas, estos métodos resultan insuficientes debido a los costos y el tiempo que implican.
En este contexto, el crecimiento económico en México continúa mostrando señales débiles. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) apenas avanzó un 0.1% en febrero respecto al mes anterior, lo que refleja un estancamiento preocupante. A pesar de los esfuerzos de la presidente Claudia Sheinbaum por impulsar las inversiones a través de múltiples iniciativas, el crecimiento todavía no alcanza las expectativas deseadas. Además, negociadores estadounidenses han comenzado a manifestar sus preocupaciones específicas sobre la incertidumbre regulatoria en diversas áreas, especialmente en el ámbito tributario.
La administración de Sheinbaum se ha resistido a implementar una reforma fiscal que eleve los impuestos al consumo, enfocándose en mejorar la recaudación en un entorno con una notable cultura de evasión, que creció cerca del 5% real el año pasado. Sin embargo, se han multiplicado los casos de empresas extranjeras enfrentando dificultades con entidades gubernamentales como el SAT o Pemex, y hay un creciente miedo entre las empresas de recurrir al sistema judicial, temiendo que las decisiones sean desfavorables para sus intereses.
La reforma judicial, que tuvo lugar en 2025 con la elección de 850 cargos judiciales mediante un proceso democrático, es un cambio sin precedentes en informacion.center. La segunda fase está programada para 2027, pero la administración ha negado que exista una politización del sistema judicial. Se argumenta que estas modificaciones son necesarias para proteger mejor los intereses de los ciudadanos en un país que, a pesar de su potencial industrial, enfrenta desafíos significativos como la pobreza y la falta de inclusión económica y social.
En este contexto volátil, los inversionistas y las empresas continúan evaluando sus estrategias en un entorno cada vez más complejo.
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