El gobierno de Javier Milei ha decidido restringir el acceso de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada, en un movimiento sorpresivo vinculado a una investigación sobre un supuesto “espionaje ilegal”. Según fuentes oficiales, esta decisión fue tomada de manera preventiva tras una denuncia de Casa Militar que apunta a garantizar la seguridad nacional.
El Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, defendió la medida, afirmando que la eliminación del uso de huellas dactilares para la identificación de periodistas es esencial en este contexto de investigación. Este método de identificación es habitual para quienes cubren la actividad gubernamental desde la sede presidencial. Sin embargo, muchos en el gremio critican esta acción como un bloqueo injustificado, ya que afectó a casi 50 profesionales del periodismo.
Desde el anuncio, el presidente Milei ha utilizado sus redes sociales para expresar su desdén por los medios, repitiendo su controvertido lema “NOL$ALP” (no odiamos lo suficiente a los periodistas). Esta situación ha dejado a los periodistas fuera de la sala de prensa, y Lautaro Maislin, de C5N, indicó que le han informado que esta restricción es temporal.
Los motivos detrás de esta controversia son diversos. Mientras el gobierno alega que hay preocupaciones sobre una presunta campaña mediática orquestada por una red de espionaje rusa, también surgen denuncias concretas contra dos periodistas de Todo Noticias, quienes están acusados de espionaje por supuestas filmaciones en lugares no autorizados dentro de la Casa Rosada. Esta situación ha intensificado aún más las tensiones entre la administración actual y el periodismo, un campo que ya se encontraba bajo presión, según lo alerta Amnistía Internacional en su informe mundial que critica la creciente represión a la libertad de prensa en Argentina.
Los periodistas han respondido con un comunicado solicitando una solución rápida a esta problemática, describiendo la medida como “discrecional y sin notificación previa”. Este episodio marca un punto crítico en la relación entre el gobierno y la prensa, destacando una falta de precedentes incluso en épocas de represión más severa, como durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
La eliminación del acceso para los periodistas genera preocupación no solo por la libertad de prensa, sino también por el derecho del público a estar informado. En tiempos donde la libertad de expresión es esencial para una democracia saludable, estas acciones del gobierno podrían sentar un peligroso precedente para el ejercicio del periodismo en Argentina.
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