La reciente firma de un convenio entre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para revisar las medidas de preponderancia en el sector de telecomunicaciones ha suscitado preocupaciones sobre la persistencia de un marco regulatorio que parece haber perdido su propósito original. A primera vista, la revisión puede parecer un ejercicio técnico; sin embargo, se observa que, en el fondo, se está tratando de mantener un esquema excepcional que, aunque justificado en su momento, ahora actúa más como un corsé regulatorio que como una herramienta efectiva de competencia.
Desde su creación en la reforma constitucional de 2013, la figura de la preponderancia no fue concebida como un concepto de derecho comparado. En vez de abordar la situación de mercado de manera dinámica, esta estructura permite que se intervenga de forma sectorial sin un análisis riguroso del comportamiento del mercado. El mandato constitucional instruyó al IFT a identificar agentes económicos preponderantes y a implementar medidas correctivas para evitar distorsiones en la competencia. Sin embargo, este enfoque ha creado un marco normativo que no ha sido reevaluado adecuadamente a medida que las condiciones de mercado han evolucionado.
Es fundamental destacar que estas regulaciones debían cesar cuando se alcanzaran condiciones de competencia efectiva, un aspecto que raramente ha sido examinado. En lugar de aplicar un análisis profundo del poder sustancial en el mercado, el sistema actual se ha limitado a etiquetar a las empresas por su tamaño, creando consecuencias desproporcionadas y evitando un examen justo de sus conductas.
La OCDE ha señalado que, tras la reforma de 2013, el marco regulatorio en México se ha vuelto más rígido, sugiriendo que una política efectiva debería buscar reducir la regulación cuando el mercado ya no la requiere. Este principio ha sido ampliamente ignorado en el contexto mexicano, y las regulaciones asimétricas han permanecido sin ajustes necesarios.
Los datos más recientes muestran que el mercado ha cambiado significativamente. A finales de 2024, la participación del agente económico preponderante en el sector de banda ancha fija había caído al 39%, frente al 73% en 2013, y al 35% en telefonía fija, en contraposición al 72% anterior. Esto revela que el entorno competitivo actual es mucho más dinámico, con un aumento en el número de operadores y un mayor acceso al servicio. Ignorar esta realidad al seguir aplicando las mismas regulaciones a los antiguos dominantes solamente perpetúa un modelo obsoleto.
En el ámbito de la telefonía móvil, el informe del IFT de diciembre de 2024 muestra un crecimiento en líneas de Operadores Móviles Virtuales (OMV) que alcanzó los 24.2 millones, aumentando un 37.1% anual. No obstante, esta dinámica positiva convive con una creciente asimetría regulatoria, ya que gran parte del mercado sigue controlada por unos pocos actores dominantes, como Telcel, que mantiene una participación del 55% en telefonía móvil y del 60% en banda ancha móvil.
Además, la relación del Estado con ciertos operadores, como Altán Redes, socia del gobierno desde 2022, plantea interrogantes sobre la equidad en la regulación del mercado. La aparición de situaciones en las que algunos competidores no enfrentan el mismo nivel de escrutinio no garantiza una competencia justa, sino que parece favorecer una especie de arbitraje selectivo.
En este contexto, el reciente anuncio de Telefónica sobre la venta de su operación en México a Melisa Acquisition refleja un cambio en la dinámica del mercado. Se indica que el valor ya no reside en demandar favores regulatorios, sino en la capacidad de adaptarse y retirarse estratégicamente de un entorno que no favorece a todos por igual.
México aún enfrenta desafíos significativos en el rendimiento de sus telecomunicaciones. Según datos de Speedtest, informacion.center se ubica por debajo de sus pares en la región, como Chile y Brasil, con velocidades de 104 Mbps en banda ancha fija y 44 Mbps en móvil. Este rezago, atribuido en gran parte a la persistencia de un sistema de preponderancia que no responde a las necesidades actuales, pone de manifiesto la urgencia de replantear la regulación.
El debate, por ende, no debe centrarse en la concepción de una figura excepcional per se, sino en cómo incentivar la inversión, la innovación y la transformación digital dentro del sector. La preponderancia no mejora necesariamente la calidad del servicio ni expande la cobertura; más bien, prolonga la incertidumbre y eleva los costos regulatorios.
Es momento de que la CRT y la CNA reconsideren sus enfoques y se alineen con los cambios reales del mercado. La regulación debe evolucionar conforme lo haga el panorama competitivol, permitiendo que México alcance un nivel acorde con las exigencias contemporáneas en telecomunicaciones.
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