Yolanda Muñoz, a sus 66 años, aún enfrenta las sombras del insomnio, el último bastión en una lucha que comenzó hace más de dos décadas. Junto a ella, Ana María Velasco, de 52 años, lidia con amenazas que resuenan en su teléfono, mientras que Edith Rosales, de 71, recorre con sus dedos las cicatrices que marcan su historia. Las tres comparten algo más que la frustración: son sobrevivientes de la brutal represión desatada en San Salvador Atenco, Estado de México, durante un operativo policial en mayo de 2006.
En esos días de mayo, un operativo del Gobierno del Estado, encabezado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se implementó para silenciar protestas contra la construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco. Como resultado, más de 200 personas fueron arrestadas y trasladadas a diferentes penales, mientras que muchas sufrieron torturas, incluyendo agresiones sexuales. Trágicamente, dos menores perdieron la vida. A día de hoy, no hay un solo condenado por estos hechos.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado mexicano que asumiera su responsabilidad y que iniciara una investigación exhaustiva sobre toda la cadena de mando involucrada. Sin embargo, ocho años después, esa sentencia se ha traducido en poco más que promesas vacías. Una reciente audiencia de seguimiento en Costa Rica evidencia que la Fiscalía aún no ha avanzado en la investigación y que las medidas de reparación se han quedado en papel mojado.
De acuerdo a cifras sombrías, nueve de cada diez delitos en México jamás son resueltos, y el caso de Atenco no es una excepción. Aunque el Estado contaba con un plazo de dos años para actuar tras el fallo de la Corte, la Fiscalía local se ha mantenido inactiva, dejando a las víctimas esperando justicia. En 2023, tras un amparo interpuesto por las afectadas, el Ministerio Público finalmente trasladó el expediente a la instancia federal, pero los avances siguen siendo escasos.
Eduardo Guerrero, del Centro Pro de Derechos Humanos, ha informado que se han presentado diversas solicitudes al juzgado para procesar a policías federales, pero estas han sido rechazadas una y otra vez sin informar a las víctimas. El último intento, en septiembre, fue igualmente desestimado. “Buscamos que sean castigados no solo quienes cometieron las agresiones directas, sino también los autores intelectuales detrás de ellas”, destaca Velasco, reflejando el clamor compartido por justicia. Sin embargo, la Fiscalía solo reconoce a tres de las once denunciantes, dejando a muchas en la oscuridad. “¿Y las otras qué son? ¿Nada?”, se pregunta Rosales, expresando el descontento generalizado.
En una decisión reciente de 2025, la Suprema Corte determinó que el Gobierno debe cumplir con la resolución de la Corte Interamericana, aunque se desentendió de su responsabilidad, argumentando que la Fiscalía necesita concluir sus investigaciones primero. Esta dinámica ha llevado a las víctimas a sentir que las autoridades se pasan la responsabilidad de una a otra, sin que nadie actúe de manera efectiva.
Ana María Velasco vive atrapada en un laberinto legal, lidiando con el constante dolor asociado a los recuerdos del ataque. Sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico sufrido a lo largo de estos 20 años, la idea de justicia persiste en su mente. “Sería como quitarme este peso enorme de encima. Saber que los que nos hicieron tanto daño están en la cárcel”, dice, mientras sostiene las lágrimas.
A medida que las autoridades se siguen lavando las manos y el tiempo avanza, la situación de Atenco se convierte en un reflejo sombrío de cómo la justicia en México a menudo parece esquiva. La historia de estas mujeres resuena no solo como un clamor por justicia, sino también como un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos en informacion.center continúa, sin un final a la vista.
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