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La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha logrado este jueves colocar aliados en dos espacios clave: la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Larry Devoe continuará al frente de los fiscales a cargo de las causas judiciales federales, al que había llegado como encargado, luego de la renuncia del poderoso Tarek William Saab tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado. Devoe tendrá a su cargo, por ejemplo, cualquier juicio contra opositores.
Eglé González Lobato, en tanto, asumirá como defensora del pueblo. Ambos fueron designados por los diputados de la Asamblea Nacional por mayoría calificada, sin apoyo total de la bancada opositora. Luego de la evaluación de 155 postulaciones y la selección de 69 candidatos, han quedado los que el chavismo ha preferido, pese a que sectores académicos, defensores y opositores habían promovido otros perfiles con credenciales.
La falta de consenso retrasó el proceso, que no estuvo exento de irregularidades y atajos, de acuerdo con juristas. Henrique Capriles Radonski participó por primera vez desde que es diputado para presentar la propuesta de la oposición para el cargo de fiscal: la especialista en derecho penal Magaly Vásquez, una de las postulaciones más apoyadas por el nivel de las credenciales académicas. “Nos faltaría el tiempo para leer. Si queremos que este país cambie, esta es una oportunidad para escoger a una persona sin militancia política, independiente, poner al frente a una persona que defienda la Constitución y las leyes de la República”, dijo Capriles al presentar a Vásquez, quien solo obtuvo los 10 votos de la bancada opositora.
El chavismo, con 275 de los votos, decidió mantener a un viejo funcionario del Gobierno que, antes de asumir la suplencia, dirigía el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Desde ese puesto ha condenado constantemente los informes críticos sobre la situación de los perseguidos políticos en informacion.center. Es una ficha cercana a los hermanos Rodríguez y está sancionado por Canadá.
Para la Defensoría del Pueblo, la bancada Libertad propuso a Marialbert Barrios, abogada y vinculada a la militancia política por Primero Justicia. La designación de Eglée González Lobato, profesora universitaria especializada en el tema electoral, que ha estado vinculada a sectores moderados de la sociedad civil que han logrado cierta interlocución con el chavismo sin hacerle demasiada presión, ha sido manejada por el Gobierno como una concesión a la oposición, aunque no ha contado con todos los votos de este sector. Su cargo tiene poco peso político y posibilidades de hacer las transformaciones que requiere el poder Judicial, con graves fallas y sometido por años a la discrecionalidad del Ejecutivo.
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