La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un importante cambio en la manera en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano puede operar en su lucha contra el lavado de dinero. Con esta resolución, la UIF obtiene la facultad de congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa cuando tenga sospechas de actividades ilícitas. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia y responde a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual México es parte.
El debate en torno a esta aprobación fue presentado por la ministra Loretta Ortiz. Ella subrayó que el congelamiento de cuentas por parte de la UIF no se considera una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa. Esta distinción es crucial porque, si se tratara de una sanción, requeriría un control judicial antes de la acción. Luis Pérez de Acha, abogado fiscal, ha resaltado que la rapidez en el congelamiento de activos es esencial para abordar las sospechas de lavado de dinero de forma eficaz.
La resolución también marca un cambio en la jurisprudencia respecto al enfoque anterior, que limitaba el congelamiento inmediato de cuentas a situaciones en que una autoridad extranjera lo solicitara. Esto, según la Corte, generaba obstáculos innecesarios para la UIF, dificultando su capacidad para cumplir con sus funciones preventivas.
A partir de la nueva normativa, los individuos cuyos fondos sean bloqueados podrán solicitar una audiencia ante la UIF para impugnar la legalidad de las acciones tomadas. Además, tienen el derecho de acudir a la justicia para buscar la revocación del congelamiento, de modo que el control judicial seguirá a la acción inicial de la UIF.
Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de críticas. Algunos ministros expresaron su preocupación, argumentando que esta práctica se asemeja a procedimientos penales y puede atentar contra el derecho a la propiedad del ciudadano. El ministro Giovanni Figueroa destacó el riesgo de que se impida el uso de los recursos en las cuentas bloqueadas por un tiempo indefinido, lo que podría tener graves repercusiones en la vida financiera de los afectados.
Esta decisión, destacada en el contexto del combate al crimen organizado y a la evasión fiscal, refleja un cambio en la política gubernamental hacia un enfoque más proactivo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico en México. Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la capacidad del Estado para detectar y prevenir delitos financieros, pero también plantea importantes interrogantes sobre los derechos de los ciudadanos y el control judicial en el proceso.
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