La reforma laboral de 2019 en México ha generado un impacto significativo en la manera en que se administran los conflictos en el ámbitos laboral. Su implementación ha girado en torno al fortalecimiento del acceso a la justicia, un mandato que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado con seriedad. Según Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, este cambio ha llevado a la OIT a ajustar su enfoque para centrarse en la justicia, resaltando la importancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de los tribunales.
Con el objetivo de integrar normas internacionales en el proceso judicial, la OIT ha forjado alianzas con el Poder Judicial. Este esfuerzo ha permitido la incorporación de una lógica laboral dentro de las estructuras existentes, especialmente ante el reto que suponen los nuevos acuerdos comerciales que requieren un sistema judicial más robusto en asuntos laborales. México, junto a Bangladesh y Lesoto, fue elegido como país piloto para poner en práctica una herramienta de autoevaluación destinada a que las instancias judiciales y de conciliación valoren su desempeño en relación con las necesidades de trabajadores y empleadores.
La coordinadora del proyecto, Sandra Carrizosa, ha señalado que tras una fase piloto que se llevó a cabo en 2023 y 2024, el plan se ha ampliado para incluir trece centros de conciliación estatales. Esta autoevaluación tiene como fin establecer parámetros comunes entre las distintas entidades, adaptando, a su vez, las herramientas internacionales a la particularidad del contexto mexicano. El proceso de evaluación se espera concluir en abril, lo que marcará un avance significativo en la implementación de la reforma.
Para asegurar un impacto duradero, Furtado de Oliveira ha destacado que la capacitación de conciliadores no se limita a cursos breves, sino que incluye certificaciones formales de cuatro meses. Estas certificaciones implican etapas presenciales con el Centro de Formación de Turín, enfocándose en dotar a los participantes de habilidades de negociación y escucha activa para resolver conflictos de manera constructiva y evitar su judicialización. Esta capacitación se articula con la Comisión Federal de Centros de Conciliación, garantizando la persistencia del conocimiento en los diferentes estados.
Un aspecto esencial de este proyecto es la inclusión de una perspectiva de género. La OIT ha buscado establecer indicadores de discriminación en tribunales y fomentar la creación de redes de mentoría para mujeres sindicalistas. El objetivo es promover un cambio cultural que permita a las mujeres acceder a posiciones directivas y negociar cláusulas de género en los contratos colectivos.
A pesar de los desafíos presupuestarios y del ambiente político, Furtado de Oliveira reafirma que fortalecer estas instituciones resulta crucial para construir un sistema de trabajo que sustente una justicia social sólida en México. Conscientes de que las certificaciones iniciales pueden perder relevancia, la OIT y la CONACENTROS están coordinando nuevas rondas de capacitación para mantener actualizados a los funcionarios ante el creciente volumen de casos.
Este esfuerzo es un paso fundamental en la transformación del entorno laboral en México, que busca no solo resolver conflictos, sino también mejorar las condiciones de trabajo y asegurar la equidad en el acceso a la justicia en el ámbito laboral.
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