El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha causado revuelo al solicitar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita a la Asamblea General la alarmante situación de las desapariciones forzadas en México. Esta iniciativa busca que el plenario considere medidas concretas para apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este fenómeno delictivo, que ha dejado más de 132,000 desaparecidos en informacion.center.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha emitido un contundente comunicado, rechazando lo que considera un informe “parcial y sesgado”. La SRE argumenta que el documento omite los esfuerzos institucionales actuales en la búsqueda de personas desaparecidas y se basa en hechos ocurridos entre 2007 y 2019, limitándose a mencionar solo cuatro de los 32 estados de la República. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, asegura la SRE, enfatizando que se han implementado reformas legislativas significativas para atender el problema en colaboración con organizaciones civiles.
Según el Comité, cuya sede se encuentra en Ginebra y que actúa bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la información recopilada indica “indicios bien fundados” de que las desapariciones se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad. La evaluación se sustenta en ataques sistemáticos a la población civil, que han generado un clima de inseguridad persistente.
El procedimiento del Comité es preventivo, buscando movilizar la atención y el apoyo de la comunidad internacional, más que establecer responsabilidades penales. Sin embargo, ha causado un nuevo choque diplomático entre el Gobierno mexicano y las entidades internacionales. Este es el segundo enfrentamiento en un año, tras la declaración previa de que las desapariciones forzadas en México son “sistemáticas y generalizadas”.
La SRE lamenta que el Comité no haya considerado la información actualizada que México presentó antes de la resolución y defiende sus esfuerzos por ofrecer una respuesta integral a la crisis. Mientras tanto, el Comité ha destacado que, en algunos casos, ha recibido informes de la participación directa de funcionarios públicos en desapariciones, un tema delicado que evoca casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En este contexto, el Comité ha subrayado que las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por organizaciones no estatales, siempre que estén dirigidas contra la población civil de forma sistemática. Es un recordatorio escalofriante de que la lucha contra la delincuencia organizada en México ha trascendido a un problema institucional que requiere atención urgente y acción coordinada a diversos niveles, tanto nacionales como internacionales.
Este desarrollo pone de relieve un escenario complejo en el que la colaboración entre el Estado mexicano y las entidades internacionales se vuelve esencial para encontrar soluciones y garantizar la justicia para las víctimas de estas desapariciones. La comunidad internacional espera que se concrete un diálogo que permita abordar este grave problema, mientras México se enfrenta a la tarea de reconciliar su realidad con las críticas de organismos externos.
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