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En la puerta de la oficina de Jorge Lemus estuvo, durante dos mañanas, un funcionario del Ministerio de Hacienda. Tenía una carta entre sus manos. Buscaba que el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmara su renuncia al cargo, como había ordenado el presidente Gustavo Petro. El mandatario dio la instrucción el 20 de febrero, en una reunión en la Casa de Nariño, en la que sugirió que lo reemplazara Wilmar Mejía, exdirector de inteligencia del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y quien ha sido señalado de filtrar información a un grupo ilegal. Lemus se enteró y solo firmó el documento este miércoles. Mientras tanto, la designación de Mejía sigue en suspenso.
Por eso este jueves el foco mediático está puesto, una vez más, en las movidas de la inteligencia colombiana. La UIAF, que depende del Ministerio de Hacienda por su foco particular, es una entidad de pocos escándalos y baja visibilidad mediática, pese a que es neurálgica en las investigaciones sobre el crimen organizado y especialmente el lavado de activos. En sus oficinas reposan expedientes sobre grandes capos criminales, pero también sobre las movidas financieras sospechosas de políticos, poderosos y empresarios. Es casi una fiscalía financiera, pero sus resultados solo se hacen públicos cuando el presidente de Colombia lo ordena.
El paso de Lemus por la dirección de la UIAF fue fugaz, de poco menos de tres meses. Según una fuente de esa entidad, el detonante para que Petro ordenara su salida fue una filtración de información muy sensible, pero la desconfianza del mandatario venía de tiempo atrás, aunque fuera poco visible. El antiguo compañero de Petro en la guerrilla del M-19 venía de encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante casi 11 meses y, si bien salió en medio de cuestionamientos y desencuentros con el presidente, recaló en un cargo estratégico y muy bien pago. La mezcla de aprecio y recelo que siente el presidente sigue vigente: una fuente cercana a la Casa de Nariño asegura que el mandatario le ha ofrecido un cargo técnico en el Ministerio de Hacienda, con el propósito de “sacarlo del foco de los escándalos”.
Uno de los más recientes desencuentros ocurrió en febrero, cuando el mandatario denunció un plan de integrantes de la Policía Nacional para sembrar cocaína en un vehículo de la Presidencia y sabotear su visita a Donald Trump. Con rumores y pocas pruebas, el presidente ordenó la salida de un general, Edwin Urrego, y un coronel, Óscar Moreno. Sin embargo, en los días siguientes, distintos integrantes de la Policía le aseguraron que había sido engañado en un esquema para sacar adelante una venganza interna, un plan que se había fraguado semanas atrás desde la DNI.
Fue entonces que apareció otro nombre en el tablero: César Augusto Ortiz, un mayor retirado, quien, hasta diciembre pasado, fue oficial de contrainteligencia de la DNI. En esa entidad aseguran que quien lo llevó allí fue Lemus. Ortiz llegó a asumir uno de los roles más sensibles en una entidad como esta: vigilar a quienes vigilan. Su nombramiento despertó malestar porque venía de ser jefe de la Sijín -la división de la Policía que se encarga de los asuntos judiciales- en el departamento de La Guajira, y salió en medio de denuncias penales por narcotráfico y contrabando. De acuerdo con un funcionario de la DNI, quien lideró las investigaciones que llevaron a esos señalamientos fue Urrego, el mismo que terminó acusado por Petro de querer entramparlo. “Ortiz siempre trabajó de la mano con Lemus y ellos fueron los que le entregaron la información al presidente del supuesto sabotaje”, explica esa fuente.
Ese episodio de desinformación al mandatario tenía antecedentes. El presidente había recibido informaciones cuestionadas del entonces director de Inteligencia. Algunas fueron públicas. En enero, cuando el escándalo del software Pegasus volvió a la agenda y el presidente tenía a dos ministros de su Gobierno peleando por supuestas interceptaciones, Lemus dijo en una entrevista a Caracol Radio que no sabían si ese software existía. La contradicción pública molestó a Petro, quien meses atrás había encabezado una fuerte y criticada denuncia de la existencia irregular de ese software israelí en Colombia.
Esa molestia no cayó en el vacío, pues a Petro ya le habían llegado cuestionamientos contra Lemus. En octubre, varios integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía advirtieron al mandatario, en un encuentro en la Casa de Nariño, que se estaban usando agencias de inteligencia para tenerlo distraído. También le informaron de denuncias de algunas reuniones, presuntamente irregulares, de miembros de la DNI con capos como el esmeraldero Julio Lozano Pirateque, en Dubái; o con capos como Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Aunque las denuncias nunca trascendieron los pasillos de la Presidencia de la República, la alerta quedó encendida.
A Petro también lo distanció de Lemus el manejo que este dio a las investigaciones sobre la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, un actor que Petro ha puesto en la agenda más de una vez y cuya existencia es motivo de duda entre fuentes de inteligencia. Se trataba de uno de los encargos especiales que el mandatario dio a Lemus en la DNI y la UIAF. Las pesquisas del ahora exdirector apuntaban a un organigrama de antiguos narcos que siguen relacionados con la economía ilícita, pero no eran los peces más gordos. “Ese tema también fue muy determinante en la decisión de apartarlo de ambos cargos, porque el mandatario tiene versiones que contradicen los informes que entregó”, dice una alta fuente cercana al presidente.
Lemus, un viejo conocido de Petro
Desde su llegada a la presidencia, Petro ha buscado rodearse de gente de confianza en los cargos más relacionados con su seguridad. Varios de ellos son antiguos militantes de la guerrilla del M-19, como Lemus, y la DNI es una de las entidades que reflejan esa lógica.
En el inicio del cuatrienio, tres entidades herederas del antiguo DAS quedaron en manos de exmilitantes que lo han acompañado durante su carrera política. Manuel Casanova, filósofo de profesión, fue el primero en asumir la DNI; Augusto Rodríguez, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, es desde entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de personas amenazadas; y Otty Patiño maneja las negociaciones con los grupos ilegales como su alto comisionado de Paz.
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