En un movimiento que podría cambiar el panorama de las pensiones en México, la Cámara de Diputados ha dado el primer paso el 25 de marzo de 2026 hacia la limitación de las exuberantes jubilaciones de ex altos funcionarios del sector público. Con una aprobación preliminar que logró el apoyo de 458 de los 500 legisladores, la reforma constitucional busca establecer un techo para las pensiones, fijándolas a un máximo de aproximadamente 70,000 pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario neto que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum, quien actualmente gana alrededor de 130,000 pesos.
Este proyecto de ley ha encontrado algunos obstáculos, incluidos reparos técnicos de la oposición y protestas de jubilados provenientes de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La propuesta destaca que no se verán afectados por esta limitación los pagos ya percibidos, las pensiones de equipos de las Fuerzas Armadas o las originadas en fondos sindicales, dejando abierta cierta flexibilidad en su aplicación.
Fue la mandataria mexicana quien, a principios de marzo, anunció la intención de implementar esta reforma, subrayando que podría suponer un ahorro de 5,000 millones de pesos anuales para las arcas públicas. Pocos días después, la Secretaría Anticorrupción dio a conocer listas polémicas que revelaban que cerca de 100,000 exfuncionarios recibían pensiones de lujo, con al menos cuatro de ellos cobrando más de un millón de pesos mensuales, lo que equivale a más de 55,000 dólares.
Aunque una revisión posterior de estas cifras ajustó seis de los salarios más altos, mantuvo a tres de esos exfuncionarios con asignaciones superiores al millón de pesos. Esta divulgación ha provocado reacciones del propio sector; Salvador Quero, exgerente de Construcción y Mantenimiento de Pemex, calificó la información como engañosa, sosteniendo que las pensiones eran fruto de años de trabajo y dedicación.
El primer informe de la Secretaría Anticorrupción reveló que más de 54.391 jubilados, de un total cercano a 100,000, eran empleados de Pemex. De este grupo, unos 2,739 recibían pensiones superiores al salario mensual de la presidenta, mientras que la empresa petrolera acumuló un 22.6% de las jubilaciones, entre las cuales se contaban 610 exfuncionarios que ganaban más que Sheinbaum.
La iniciativa deberá aún ser examinada en detalle y ratificada por el Senado, donde el futuro de estas reformas cobra especial relevancia en un país donde las desigualdades económicas han sido un tópico constante. La medida, al ser aún incipiente, dejará sin duda una marca en el sistema de pensiones y en la percepción pública de las jubilaciones en el sector público, un tema que ha resonado ampliamente en diversos círculos de la sociedad mexicana.
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