La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Hidrocarburos, con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca combatir al robo y contrabando de combustibles en informacion.center.
Con 29 votos a favor y 10 en contra, el dictamen aprobado por los integrantes de la comisión, que preside Manuel Rodríguez, llevarán su discusión y votación al pleno de San Lázaro, a fin de darle celeridad en su trámite al Senado de la República, que tiene hasta el 30 de abril, cuando termina el periodo de sesiones, para aprobar esta propuesta presidencial y pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Al dictamen se realizaron cambios para dar certeza jurídica en el sector energético y ante la advertencia de diversos especialistas y distintos actores en todo la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quienes pidieron a los legisladores no aprobar esta reforma.
La nueva redacción elimina las suspensiones temporales y definitivas y sólo menciona la posibilidad de suspender permisos expedidos bajo la Ley de Hidrocarburos “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Sin embargo, la adenda al dictamen presentada por el morenista Manuel Rodríguez, establece que “la suspensión requerirá la notificación previa al otorgamiento permisionario indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso”.
“Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes”, añade.
Además, indica que la autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, “quedando a salvo los derechos de los terceros y el interés del estado”.
Señala que una vez transcurrido el plazo de 15 días, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con otros 15 días naturales para resolver, “considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario”.
“La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra”, enfatiza.
También, adiciona un transitorio en el que se menciona que al entrar en vigor, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
El dictamen avalado conserva que las autoridades puedan llevar a cabo ocupaciones temporales, intervenciones o suspensiones, “a fin de garantizar los intereses de la nación”, donde podrán contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.
En este proceso faculta al permisionario para solicitar la terminación de la medida “cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas”, al tiempo que preserva la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos y la capacidad de almacenamiento como requisito para otorgarlos.
El 12 de abril pasado, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión no aprobar sin cambios la reforma a la Ley de Hidrocarburos, enviada por el Presidente de México el pasado 26 de marzo.
En opinión de la Cofece, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría la competencia y libre concurrencia en toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo cual incrementaría el precio que pagan las familias y empresas mexicanas por productos como las gasolinas y el diésel.
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