El cuerpo de un hombre desangrándose quedó tendido sobre el volante tras recibir una bala en el cuello. A su lado, una mujer alterada gritaba por su muerte. Según las autoridades se trató de un crimen pasional, pues el esposo de ella disparó al amante la tarde del 27 de agosto de 2018. Herido, trató de huir en su vehículo, aunque sólo recorrió unas cuadras hasta llegar a la calle Del Puente en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Otra versión es que fue un intento de asalto.
Dos años exactos después, el 27 de agosto de 2020, durante la noche y a dos calles de donde ocurrió el primer homicidio, otro hombre fue ejecutado con un arma de fuego en la parte trasera de un automóvil. En su tórax quedaron alojados dos impactos de bala, y uno más en el cuello. Las investigaciones apuntaron como responsable a una banda delictiva que dos meses atrás había asesinado a cuatro jóvenes en la colonia Torres de Potrero.
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La espiral de violencia con armas de fuego se reproduce en todo informacion.center debido al imparable tráfico de armamento ilegal. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estima que cada año ingresan entre 200 mil y 250 mil armas de fuego a territorio nacional desde Estados Unidos.
Frente a estas cifras descomunales, los esfuerzos del Gobierno federal por desarmar a las organizaciones criminales son minúsculos. Durante la actual administración las fuerzas armadas decomisaron 13 mil 300 armas cortas y largas entre enero de 2019 y enero de 2021: 12 mil 500 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 800 la Secretaría de Marina (Semar), de acuerdo con solicitudes de información obtenidas por transparencia. Esto significa que las fuerzas castrenses han asegurado un promedio de seis mil 650 armas cada año, lo que representa apenas cuatro por ciento de las que ingresan de forma ilegal, tomando como base la cifra mínima de 200 mil estimada por la Cancillería.
En contraste con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante todo el sexenio de Felipe Calderón (2013 a 2018), sólo la Sedena aseguró 127 mil 58 armas de fuego cortas y largas, un promedio de 21 mil por año.
Una de las posibles causas de los mínimos decomisos son las múltiples tareas que se han encomendado a las fuerzas armadas, señala Javier Oliva Posada, especialista en defensa y seguridad nacional. “Hay que tomar en consideración la cantidad de responsabilidad que el presidente les ha asignado a la Armada, a la Defensa y a la Guardia Nacional. Desde la construcción del aeropuerto (Felipe Ángeles), resguardar aduanas marítimas, contener migración, construir trenes, bancos, más las labores naturales que tienen, evidentemente también ha habido un descenso en los temas de erradicación”, explica el también investigador de la UNAM.
Y por otro lado, destaca Oliva Posada: “en esta materia de incautación de armas no se han desplegado las capacidades diplomáticas y de coordinación con los Estados Unidos”.
La porosidad en la frontera norteamericana y al sureste del país; la corrupción en las aduanas, y la falta de una estrategia e investigaciones para combatir el tráfico de armas –no sólo en este sexenio–, han contribuido a que llegue el armamento a manos de grupos del crimen organizado y la delincuencia común.
Ayer, el presidente López Obrador respaldó y celebró que su homólogo estadounidense Joe Biden proponga regular la producción y distribución de armas en territorio norteamericano, “muchas de las cuales se introducen en nuestro país”. Además, adelantó que en los próximos días dará a conocer las investigaciones y resultados contra este ilícito.
Biden anunció el pasado 8 de abril un paquete de medidas que pretende endurecer el control de la venta de “armas fantasma”, que resultan difíciles de rastrear. La legislación incluiría la venta de kits para ensamblar armas caseras sin un número de serie y los fusiles de asalto. Con esto el mandatario estadounidense busca frenar la epidemia de violencia.
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