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El marido y la hija de la jurista italiana y relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, han presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por las duras sanciones que la Administración del presidente Donald Trump impuso a Albanese el año pasado tras sus críticas a las políticas de Israel en la guerra de Gaza. Además de Trump, entre los demandados están la fiscal general, Pam Bondi; el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El Departamento de Estado sancionó en julio del año pasado a la defensora de los derechos humanos por su “antisemitismo descarado” y por alentar una campaña política y económica contra Israel, según Washington. La cartera que dirige Rubio la acusó de “colaboración directa” con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para “investigar, detener, encarcelar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos dos países”.
Los familiares de Francesca Albanese piden que los tribunales impugnen “las sanciones excesivamente amplias y más allá de sus competencias que violan los derechos de la Primera [sobre libertad de expresión], Cuarta [protege a las personas contra registros indebidos de las autoridades] y Quinta Enmienda [garantiza derechos fundamentales en procedimientos penales] y que exceden los límites legales que el Congreso ha impuesto al uso de sanciones y a las acciones de las agencias por parte del presidente”, señala la demanda a la que ha tenido acceso informacion.center.
En una demanda presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, adelantada por la agencia AP, el esposo de Albanese y su hija menor describieron el grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la familia, incluida la posibilidad de acceder a su vivienda en la capital del país. “Este caso se centra en si los demandados pueden sancionar a una persona, arruinando su vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana [estadounidense], porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”, precisan los demandantes.
Los demandados, explican el esposo de Albanese y su hija en la denuncia, “han impuesto sanciones severas contra Francesca, cuya carga también ha recaído sobre su familia, en virtud de una orden ejecutiva excesivamente amplia que autoriza sanciones contra la TPI y cualquier persona extranjera que haya participado directamente en cualquier esfuerzo de la TPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos y algunos de sus aliados”.
“La expresión de Francesca de sus opiniones sobre los hechos tal como los ha constatado en el conflicto israelo-palestino y sobre el trabajo de la TPI es una actividad central protegida por la Primera Enmienda”, se indica en la demanda. Ese tribunal ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de crímenes de guerra.
Albanese forma parte de un grupo de 47 expertos elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Se le encomendó investigar abusos de derechos humanos en los territorios palestinos y ha sido contundente al denunciar lo que ha descrito como el “genocidio” de Israel contra los palestinos en Gaza.
Israel y Estados Unidos han negado categóricamente la acusación de genocidio. Washington había denunciado lo que calificó como la “campaña de guerra política y económica” de Albanese contra Estados Unidos e Israel antes de imponerle sanciones en julio, tras una fallida campaña de presión estadounidense para obligar al organismo internacional a destituirla.
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