Los legisladores venezolanos decidieron aplazar el debate sobre un proyecto de ley de amnistía que busca ofrecer clemencia inmediata a aquellos encarcelados por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas. Esta iniciativa, que ya ha superado su primera votación, necesita una segunda para ser finalmente aprobada.
El proyecto contempla la restitución de bienes incautados a los detenidos y la anulación de medidas internacionales, incluidas órdenes de arresto emitidas por Interpol. Sin embargo, el contexto actual en Venezuela ha llevado a que este debate genere una fuerte movilización social. Cientos de estudiantes y familiares de presos se congregaron en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el mismo día del aplazamiento, exigiendo liberaciones y haciendo eco de las voces que piden justicia y reconocimiento de sus derechos.
Entre los manifestantes resonó la consigna: “Delcy, responde, los estudiantes no se esconden”, en un claro desafío a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Complicando aún más la situación, Rodríguez ha seguido las exigencias del gobierno de Estados Unidos en cuanto a las ventas de petróleo, liberando a cientos de personas que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos, lo que ha generado críticas y división en la sociedad venezolana.
El parlamento, liderado por Jorge Rodríguez, aún no ha dado lectura a la versión completa de la ley. Un borrador revisado recientemente muestra que las condiciones de amnistía han disminuido en comparación con versiones anteriores. Por ejemplo, no se especifican los delitos que se considerarían acciones políticas ni se otorgan beneficios a quienes hayan sido acusados de difamación por criticar a las autoridades. Tampoco se contempla la anulación de las notificaciones rojas de Interpol, la restitución de bienes a detenidos, ni la revocación de inhabilitaciones para cargos públicos.
El presidente del parlamento, al explicar los motivos del aplazamiento, mencionó discrepancias respecto a un artículo que estipula que solo se beneficiarían de la amnistía aquellos que se presenten ante las autoridades. Esto ha contribuido a la decisión de postergar el debate hasta la próxima semana, con el apoyo de una mayoría.
Tanto el proyecto anterior como el actual excluyen a quienes hayan sido condenados por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico con penas superiores a nueve años y delitos contra el patrimonio público. Aunque el borrador inicial mencionaba la corrupción como un delito no amnistiable, no está claro por qué se eliminó esta restricción.
La administración venezolana niega la existencia de presos políticos, insistiendo en que las personas encarceladas han cometido delitos. Funcionarios del gobierno afirman que casi 900 individuos han sido liberados en el último año; sin embargo, el grupo de derechos humanos Foro Penal reporta más de 430 excarcelaciones desde el 8 de enero, mientras las autoridades anunciaban liberaciones.
Grupos de defensa de derechos humanos han expresado su desaprobación hacia las limitaciones del nuevo proyecto de ley, argumentando que una verdadera amnistía debería cubrir la liberación completa de cargos, condenas, órdenes de arresto domiciliario y otras restricciones legales. A medida que la situación en Venezuela continúa desarrollándose, el desenlace de este debate legislativo será crucial para el futuro de muchos que han sido afectados por la crisis política del país.
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