La Administración de Donald Trump ha dado un giro significativo en su enfoque contra el narcotráfico, centrando su estrategia en desmantelar las estructuras criminales a través de un elemento clave: el dinero. Con el objetivo de paralizar a organizaciones como el cartel de Sinaloa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos para identificar y procesar a los operadores financieros que facilitan el movimiento de las ganancias del narcotráfico, especialmente mediante el uso de criptomonedas.
A medida que las fuerzas de seguridad intensifican la presión sobre las rutas de tráfico de drogas que cruzan desde México hacia EE. UU., el Departamento de Justicia ha puesto el foco en las finanzas de estos carteles. A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal, enfatiza que “si se corta el acceso al dinero, se perjudica a los carteles, y eso es lo que intentamos hacer”. Este enfoque no se limita a estos criminales de bajo nivel; se busca atacar el “cuello de botella” financiero que, según las autoridades, es esencial para el funcionamiento de estas organizaciones.
Recientemente, se han extraditado a más de 90 presuntos criminales vinculados al narcotráfico desde México a EE. UU. Estas extradiciones forman parte de una estrategia más amplia de cooperación en cuestiones de seguridad entre ambos países. Estos operativos han incluido a varios intermediarios financieros que son claves para el movimiento de dinero en efectivo, que a menudo se oculta y se envía a través de activos digitales. Los fiscales están trabajando para entender cómo operan estas redes para solicitar acusaciones más amplias y identificar nuevas tácticas de lavado de dinero.
Las investigaciones revelan un fenómeno de contrabando de efectivo que, aunque ha existido durante décadas, se ha adaptado a nuevos métodos. Duva señala que ahora se observa una tendencia en el uso de criptomonedas como herramienta para transformar efectivo en activos digitales, facilitando su traslado a los carteles.
La extradición de figuras clave no solo busca impresionar o enviar un mensaje; también tiene implicaciones legales significativas. Esta estrategia permite acusaciones formales contra otros líderes de alto nivel si los extraditados deciden cooperar con las autoridades. En este contexto, se han reestructurado las divisiones del Departamento de Justicia para integrar a expertos en lavado de dinero con fiscales dedicados al narcotráfico, permitiendo una respuesta más coordinada y efectiva.
Entre los extraditados se encuentran figuras como Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y Eliomar Segura Torres, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con el lavado de dinero. Sus casos ilustran cómo se financian las operaciones de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación, que continúa introduciendo drogas en las comunidades estadounidenses.
La lucha contra el narcotráfico en EE. UU. también se enfrenta al desafío constante de las adaptaciones que los carteles realizan para eludir las medidas de seguridad. Con un enfoque renovado en el flujo de dinero y sus operadores, el Departamento de Justicia continúa su esfuerzo por cortar las fuentes de financiamiento que sostienen estas redes criminales, en un camino que se anticipa arduo pero necesario para desmantelar las estructuras que durante tanto tiempo han dominado el paisaje del narcotráfico.
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