La familia de Bayardo Arce denuncia abusos en su contra en Nicaragua: “Tememos por su vida”

Cuatro días antes de que un operativo policial de las fuerzas de operaciones especiales del régimen de Nicaragua irrumpiera en su casa de Managua para detenerlo, la madrugada del 30 de julio de 2025, el exguerrillero sandinista Bayardo Arce Castaño intentó comunicarse de manera insistente con Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Durante esos días intentó hablar de forma incansable con la copresidencia, para entender qué pasaba, para ponerse a disposición, para cooperar. Mandó mensajes y mensajes por los canales establecidos, pero nunca hubo respuesta de los copresidentes”, denuncia por primera vez desde el exilio la familia de Arce. Los allegados advierten de malos tratos, que el político permanece incomunicado y con “un serio” deterioro de salud. “Tememos por su vida”, afirman.

La familia narra que desde “el secuestro” su “núcleo y allegados” han sufrido una “persecución dura, cruel, explícita y sostenida”, razón por la que se habían mantenido en silencio. Sin embargo, ante el deterioro del excomandante sandinista, lanzan una denuncia que resumen así: “Bayardo Arce es un preso político, está aislado y tememos por su vida”. Un temor que no es infundado si se toma en cuenta que bajo custodia policial han muerto el hermano de Ortega, el exjefe del Ejército Humberto Ortega Saavedra, y el general en retiro Hugo Torres, dos figuras connotadas del antiguo sandinismo. Entre 2019 y 2025, en total, seis presos políticos han muerto bajo custodia del régimen.

Arce fue apresado por alrededor de 25 oficiales encapuchados y armados con fusiles que ingresaron rompiendo las puertas de su vivienda. Lo sacaron de la cama, en pijama, lo esposaron y lo tiraron al piso, donde lo encañonaron durante varios minutos, hasta llevárselo a un paradero desconocido para su familia. Así cayó en desgracia uno de los nueve comandantes históricos que gobernó Nicaragua en los años ochenta como parte de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y una figura clave en el engranaje económico del actual régimen de Ortega. Su arresto forma parte de una purga comandada por Rosario Murillo contra todo aquel considerado por ella crítico de su proceso de sucesión familiar del poder.

Arce, uno de los pocos de la vieja guardia del partido que aún apoyaba al caudillo sandinista, terminó engullido por una maquinaria represiva que se activó en su contra el 26 de julio a través de la Procuraduría General de la República (PGR). Sus oficinas en Managua fueron allanadas y su asistente ejecutivo, Ricardo Bonilla, fue citado a la PGR para entregar documentación requerida. El hombre cumplió, pero jamás volvió a saberse de su paradero: fue “secuestrado” en el mismo momento en que entregó los papeles. En la casa de Arce, además, se registraron “movimientos raros” en la seguridad asignada a las personalidades de la nomenclatura del régimen.

Fue entonces cuando Arce comenzó a intentar comunicarse con la copresidencia, en especial con Ortega, con quien mantenía menos fricciones que con Murillo, quien siempre ha considerado al exguerrillero un enemigo. Horas antes de su captura, la PGR emitió un comunicado señalándolo por realizar “transacciones y negociaciones” al “margen del marco legal vigente”, además de una supuesta falta de cooperación.

Tras seis meses de lo que la familia cataloga como un “secuestro”, decidieron hablar porque temen por la vida del exasesor económico presidencial, un hombre de 76 años con padecimientos crónicos de diabetes y la sospecha del inicio de un melanoma en uno de sus brazos. “En unos días va a cumplir seis meses aislado en una celda de La Modelo”, dice la familia, en referencia al sistema carcelario donde está encerrado. “Lo interrogaron solo tres veces, pero después no ha podido hablar con otros reos ni le permiten comunicarse con los policías. Es aislamiento total. Ha sido sometido a inmovilización forzada y no le han permitido la atención médica especializada que necesita. Apenas le suministran algunos medicamentos y ha bajado casi 20 libras de peso”, explican.

Temor “a no volver a verlo”

La familia teme por la vida de Arce. “Por el patrón que se ha visto, por la edad que tiene y el ensañamiento en su contra, nuestro mayor miedo es que no salga, no volverlo a ver”, aseguran sus allegados en el exilio. De hecho, durante los seis meses que Arce lleva en la prisión La Modelo, solo le han permitido cinco visitas, bajo estrictas normas de control y vigilancia.

“Nosotros como familia siempre hemos estado intentando comunicarnos con la copresidencia, haciendo solicitudes, pero tampoco hemos obtenido respuesta. Bayardo estuvo desaparecido técnicamente y fue hasta dos meses y medio después de su secuestro que logramos visitarlo por primera vez”, narran los familiares. “Sin embargo, la quinta y última visita permitida fue en diciembre de 2025. Desde esa fecha no sabemos nada de él y, ante nuestros ojos, ha vuelto a estar desaparecido. Seguimos intentando comunicarnos, pero no solo no ha habido respuestas, sino negativas explícitas. No más visitas”, agregan con temor.

A pesar de que el régimen copresidencial le achaca a Arce presuntos actos de corrupción, hasta la fecha su familia asegura que ni siquiera ha sido puesto ante un juez. “No se ha presentado ni un solo cargo en su contra. No hay proceso legal, es absolutamente nulo. Se han vulnerado todos sus derechos: no ha habido debido proceso, ni presunción de inocencia, ni derecho a la defensa, ni representación legal. No ha habido absolutamente nada. Fue un secuestro, tal cual”, reclaman.

Al margen de la prisión política contra Arce, su esposa, Amelia Ybarra Brogden, también comenzó a ser acosada por la Procuraduría, junto a su hermano, Amilcar Ybarra Brogden. Ambos fueron señalados por “lavado de dinero” —uno de los principales delitos achacado por el régimen contra sus críticos— y decidieron hace unas semanas huir al exilio. La propaganda sandinista ha comenzado a tacharlos de “prófugos”, llegando al punto de sugerir “pena de muerte para los corruptos”.

Arce, además de haber sido un personaje clave en el engranaje económico del régimen, fue el principal operador de Ortega ante los principales capitales de Nicaragua. Creador y acérrimo defensor del modelo de alianza corporativista con el empresariado y, durante años, vocero oficioso frente a las críticas internacionales. Pero desde que Murillo consolidó su poder, su figura fue eclipsada. En 2007 fue nombrado asesor presidencial y ratificado en el cargo el 16 de agosto de 2024. Llegó a ser uno de los hombres de mayor confianza de Ortega. Sin embargo, como parte de la vieja guardia sandinista, la copresidenta mantenía profundas diferencias con él, lo que lo dejó reducido a un cargo meramente protocolario, sin funciones y dedicado a sus múltiples negocios privados.