El Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea (UE) están en medio de negociaciones que podrían cambiar drásticamente el enfoque sobre el comercio del petróleo ruso, buscando reemplazar el actual límite de precios por una prohibición total de los servicios marítimos. Esta medida, que se enmarca en el contexto del conflicto en Ucrania, pretende reducir los ingresos que Moscú utiliza para financiar su guerra.
Rusia, que actualmente exporta más de un tercio de su petróleo mediante tanqueros occidentales —principalmente hacia India y China—, enfrenta una potencial prohibición que afectaría el comercio gestionado a través de flotas de países de la UE, como Grecia, Chipre y Malta. De aplicar esta prohibición, el Kremlin se vería obligado a incrementar su “flota oscura”, que opera al margen de las normas marítimas, que transporta aproximadamente dos tercios de su crudo.
Este cambio radical podría integrarse en un nuevo paquete de sanciones de la UE, que se anticipa para principios de 2026, en un esfuerzo por alinearse estrechamente con las directrices del G7. Se espera que los líderes de ambas coaliciones definan esta prohibición en conjunto, según revelan fuentes cercanas a la situación, quienes prefieren permanecer en el anonimato dada la delicadeza del tema.
Funcionarios de países como Reino Unido y Estados Unidos están impulsando esta propuesta en diversas reuniones del G7, lo que sugiere un consenso creciente sobre la necesidad de intensificar la presión sobre Rusia. Sin embargo, cualquier decisión final del gobierno estadounidense dependerá de las tácticas de presión en las negociaciones de paz en curso entre Ucrania y Rusia.
Desde 2022, el G7 y la UE han recortado casi por completo las importaciones de petróleo ruso, pero esta nueva medida representa un paso significativo hacia una prohibición total no solo de las importaciones, sino también del transporte y los servicios marítimos asociados. Hasta la fecha, el Departamento de Estado de EE.UU., la Casa Blanca y otros organismos no han proporcionado comentarios sobre esta iniciativa.
Recordemos que el G7 ya había establecido un límite de precios para el petróleo ruso tras la invasión de Ucrania, buscando así frenar los ingresos del Kremlin, pero permitiendo a terceros países realizar compras si pagaban menos que el precio máximo establecido. Con el nuevo enfoque que se discute, la intención es cerrar cualquier puerta que le reste efectividad a estos esfuerzos en el ámbito económico y militar.
La comunidad internacional observa con atención este desarrollo, ya que representa no solo un cambio en la política de sanciones, sino también un intento coordinado de limitar las opciones económicas de un régimen que continúa desafiando las normas internacionales. La dinámica del conflicto en Ucrania podría verse significativamente afectada por el resultado de estas conversaciones.
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