Las llamadas de extorsión constituyen el segundo delito del fuero local más recurrente en al menos 14 entidades del país, son 33 millones de ilícitos, dijo a senadores la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Durante el análisis de la minuta que reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de “padrón nacional de usuarios de telefonía móvil’’, se explicó que a datos de 2018, las ganancias a la delincuencia supera los 12 mil millones de pesos.
Los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), advirtieron que la minuta que se encuentra en discusión, no es la respuesta o al menos en corto plazo para dar la solución esperada.
Actualmente son 126 millones de líneas, de esas el 70.1 por ciento de la población son usuarios de internet, el 56.4 por ciento de los hogares disponen de internet y el 87.5 del acceso a internet son vía celular.
Es una industria de telecomunicaciones que representa el 3 por ciento del PIB nacional, que genera empleo a más de 265 mil personas directa e indirectamente, señalaron.
“Es un tema de seguridad pública alarmante pero el trabajo no es menor, es mayor lo que se debe atender en conjunto; proyectos certeros para generar condiciones de seguridad, no con proyectos o iniciativas que violen entre otra privacidad de datos personales’’.
Sin embargo, los representantes de la CANIETI y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), reconocieron que comparten el compromiso del Gobierno Federal para erradicar delitos como la extorsión, con leyes que protejan a la población.
Durante la reunión a distancia con las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Ana de Saracho (CANIETI), subrayó que no está comprobado que un registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. Así, acotó, sucedió hace 10 años con la implementación del Registro Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, que tampoco cumplió con este objetivo.
Además, dijo, aún no se cuenta con un sistema único de identificación a nivel nacional y el proyecto puede dar lugar otros delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad y el secuestro exprés.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, alertó que los sistemas de prepago de telefonía son un grave peligro, debido a que no existe ningún requisito, ni control, lo que ha permitido a grupos criminales operar con gran flexibilidad.
“Por lo que buscamos que se tenga un registro, un padrón, para que sepamos quién está detrás de esas líneas”, apuntó.
Gabriel Székely, de la ANATEL, comentó que se acordó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y con la Consejería Jurídica de la Presidencia, un mecanismo alterno que alcanza los objetivos de la iniciativa, a través de la línea de denuncia 089, en materia de seguridad.
El titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava Herrera, reconoció la necesidad de adoptar mecanismos que garanticen el combate a la extorsión.
Señaló que la iniciativa promueve un esquema de contratación complejo y con requisitos de difícil cumplimiento para un amplio sector de la población.
El Comisionado del IFT, Sóstenes Díaz González, apuntó como desventaja de la propuesta, el costo de su implementación y la administración de la base de datos. Recomendó buscar sinergias con otras propuestas como la de Cédula de Identidad, para reducir los costos y no duplicar bases de datos; además de hacer una reflexión más profunda para proteger la información y privacidad de los usuarios.
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