El pasado viernes, surgió la noticia de que la administración actual está considerando una “reforma de gran calado” a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales. Esta reforma, de ser implementada, podría significar un giro importante hacia un modelo en el que el presidente o gobernador de turno tenga la autoridad para designar directamente a su fiscal, un regreso a un sistema donde los procuradores operaban bajo el capricho del poder político.
La reacción de Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada en su conferencia matutina, no fue de desmentir las intenciones de modificar la autonomía de estas instituciones, pero sí aclaró que, por el momento, no hay una propuesta formal en discusión. Mencionó que se deben abordar primero otras reformas en el Poder Judicial antes de contemplar cambios en las fiscalías.
Desde el entorno de Sheinbaum, se ha apuntado que la situación actual podría estar siendo influenciada por filtraciones de información por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, en medio de complicaciones relacionadas con la extradición de capos del narcotráfico a Estados Unidos. El reciente traslado de 29 narcotraficantes ha evidenciado que la legislación vigente ha creado obstáculos para estas extradiciones, y que decisiones del gobierno mexicano, motivadas en parte por la presión de Estados Unidos y amenazas de aranceles, pudieron haber modificado el curso de la justicia para ciertos individuos.
Este contexto también ha puesto de manifiesto el desafío que enfrenta el fiscal Gertz Manero, quien ante la expectativa de enviar más narcotraficantes al país vecino, reconoce que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional podrían no bastar. Algunos abogados defensores están contemplando presentar casos ante la Corte Penal Internacional, no necesariamente para liberar a sus clientes, sino para señalar responsabilidades contra las autoridades mexicanas que no siguieron los procedimientos adecuados.
La discusión sobre la impartición de justicia en informacion.center ha cobrado fuerza en un entorno donde la impunidad es la norma. Críticas han surgido, especialmente desde la oposición, acerca de cómo la actuación de los Ministerios Públicos influye en este fenómeno. La profesionalización de estas figuras, la adecuada integración de expedientes y el cumplimiento de protocolos de derechos humanos cobran relevancia en este contexto y subrayan cuestiones esenciales que afectan la credibilidad de la Fiscalía General de la República.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos y la situación legal se complica, el debate sobre la autonomía del sistema judicial y sus entes superiores continúa siendo un tema candente y relevante en la política mexicana actual.
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