Chile expresó este domingo su rotundo rechazo a la propuesta de nueva Constitución. El plebiscito convocado para validar el texto que debía sustituir al que entró en vigor en 1980 bajo mandato del dictador Augusto Pinochet (aunque fuertemente enmendado a lo largo de los años) obtuvo un 62% de votos en contra frente a un 38% a favor. Este resultado, avalado con una masiva participación del 84,5%, muestra una sociedad desencantada con un trabajo constituyente que a todas luces no ha logrado la madurez que requieren las leyes fundamentales. No se trata, sin embargo, de ningún fracaso del sistema democrático, como intenta hacer creer la ultraderecha, sino lo contrario. Lo que Chile pide ahora, y así lo ha reconocido su presidente, Gabriel Boric, es precisamente reactivar el proceso y “resolver las diferencias con más democracia, nunca con menos”.
Bajo esta premisa, es de esperar que en los próximos días se establezcan los cauces para reanudar la discusión constitucional en busca de una propuesta que, esta vez sí, concite un apoyo indiscutible. En ese camino, Chile no debería echar en saco roto los avances que se han conseguido estos años. El texto rechazado este domingo surge del intento de responder al estallido social de octubre de 2019. Redactado por una convención plenamente paritaria y votada expresamente para tal efecto, su labor contó al inicio con un amplio respaldo, reflejado en el plebiscito de octubre de 2020, en el que el 78% de los chilenos se mostró a favor de reformar la actual Constitución. Con estos pilares, la iniciativa derrotada este domingo consagraba el Estado social y democrático, aseguraba la igualdad de género, asumía el reto medioambiental y potenciaba la autonomía de los pueblos originarios.
Frente a estos avances se han dado lagunas que, a la postre, han resultado decisivas. A las torpezas y escándalos de la propia Asamblea Constituyente, cuyo prestigio declinó rápidamente, se han sumado una pésima pedagogía política y la fuerte polarización surgida en torno a elementos tan sensibles como la plurinacionalidad y la alteración del equilibrio de poderes (en la relación entre el Senado y la Cámara de Diputados, y en la nueva configuración del Poder Judicial). Todo ello enturbió la propuesta, dándole una pátina de radicalidad y alejándola de las zonas templadas del electorado, incluida parte de la izquierda moderada.
Desde esta perspectiva, el triunfo del rechazo es inapelable y golpea a un Gobierno que hizo bandera de la defensa del proyecto. Esa apuesta ha llevado a que el referéndum sea vivido por muchos como un plebiscito a la Administración de izquierda. Los inquilinos de La Moneda, con menos de seis meses en el poder, deben analizar cuidadosamente este factor y tomar las medidas oportunas para una situación que en ningún caso supone un punto final al proyecto.
La gran mayoría del pueblo chileno sigue rechazando la Constitución vigente y reclama un texto acorde con sus necesidades actuales. Hacia este fin se ha dirigido fallidamente este primer intento, y ahora, con la lección aprendida, toca dar nuevos pasos. Ese es el mensaje profundo emitido por las urnas y que Boric, quien aún tiene un largo mandato por delante, parece haber asumido con su invocación a la “unidad nacional” y su petición a los chilenos a “ponerse de acuerdo” con un gran diálogo. Es hora de restañar heridas, apoyarse en los sectores moderados y hacer los ajustes necesarios para que el Gabinete se acople a la realidad. Chile necesita y quiere otra Constitución y es obligación del Gobierno trabajar para que ese propósito se fragüe con el porcentaje más alto posible de aprobación.
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